Álvaro Obregón acuñó una frase bastante sugestiva: “no hay quien aguante un cañonazo de a 50 mil” El caudillo, hacía referencia a que todos somos corruptibles si la cantidad es elevada. Esta frase viene a colación, ahora que comienzan a llover amparos de funcionarios, en su mayoría pertenecientes al poder judicial -jueces y magistrados- que ven amenazados sus opulentos y excesivos estilos de vida sostenidos por los mega sueldos que reciben por su función judicial ante la nueva ley federal de remuneración de funcionarios públicos que señala que ningún funcionario de los tres poderes pueden ganar más que el presidente de la república, cuyo sueldo será de 108 mil pesos mensuales. La premisa en que basan sus amparos estos funcionarios privilegiados es que se atenta contra sus derechos humanos, y que reducirles sueldos que van de los 300 a los 450 mil mensuales abre la seria posibilidad a la corrupción. Es decir, que serán presa fácil de sobornos, como si carecieran de ética profesional y como si no se pudieran implementar proceso de transparencia en las actividades judiciales que garantizaran la probidad de los actos y resoluciones del poder judicial. Aunque también señalan que se verían afectados sus niveles de gasto personal. En la demanda colectiva, los susodichos afirman que “las reducciones salariales implican el riesgo de apertura a la corrupción, porque una reducción tan tangible a los ingresos de muchos funcionarios que devengan mayor salario a ese monto, se verán impedidos de mantener su proyección de gastos y quedan comprometidos al impago de obligaciones primarias y otras.” En lenguaje coloquial, si les bajan el sueldo, van a tener que volverse chicos malos para poder seguir costeando su lujosa vida. La defensa y sus argumentos no solo resulta absurda, sino hasta pueril. Por supuesto que se entiende la alarma y desesperación de los miembros del poder judicial, grupo al que ya no tardan en sumarse funcionarios del INE, INAI, directores de PEMEX y CFE, CNDH, etc., funcionarios que igual gozan de jugosos estipendios. Pero vamos al grano, el poder judicial y sus miembros con altos sueldos, no han impedido que la corrupción y la ineficiencia los penetre hasta sus entrañas. Supongamos que la eficiencia y la honestidad con proporcionales a sus sueldos, ante ello, es menester dejar las siguientes cifras para constatar proporcionalidad y, en consecuencia: mérito: según el índice global de impunidad 2018, en México, la impunidad es del 99.3%, es decir, los delitos y sus denuncias solo encuentran culpables y sentencia en menos del 1%, por lo tanto, la ineficiencia del poder judicial es casi absoluta. Según el mismo estudio, en 26 de las 32 entidades federativas del país, el sistema judicial “está colapsado.” A esto le debemos sumar, el estudio que presentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el que se asegura que: hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados del Poder Judicial ocupan plazas en tribunales y juzgados. El artículo 97 de la constitución faculta a jueces y magistrados para nombrar y remover a funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Dicha atribución fue concebida para asegurar la autonomía de los jueces, pero sólo ha servido para el nombramiento discrecional de parientes en un claro acto de corrupción en beneficio familiar. Finalmente, como olvidar a jueces como Anuar González Hamedi, juez tercero del distrito de Veracruz, quien concedió un amparo a Diego Cruz, joven implicado en pederastia en el caso de Los Porkys, o de Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por la liberación de Archivaldo Guzmán el Chapito, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán; absolvió a Jesús Zambada García el Rey Zambada por el delito de posesión y tráfico de drogas; a Sandra Ávila Beltrán la Reina del Pacífico, y a su novio Juan Diego Espinoza el Tigre. Lo anterior no tiene otro nombre: corrupción e ineficiencia. Me parece que no hay argumentos para mantener sus elevados sueldos.
