Las ideas de Locke y Montesquieu dieron origen a la vértebra de los sistemas democráticos; en la idea de limitar el inmenso poder concentrado en un solo individuo estos pensadores introdujeron la idea de la división del poder al fraccionarlo en tres entidades con funciones bastante precisas: ejecutar las leyes de la administración pública, legislar y salvaguardar los derechos de los ciudadanos. En esa tesitura surgen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con ello, la teoría de los pesos y contrapesos vertería la premisa de que los tres poderes se iban a limitar entre ellos mismos y evitar excesos. El ejecutivo presentaría iniciativas de reforma, pero requeriría del apoyo de las dos cámaras legislativas, y, por último, el aval del poder judicial para la legalidad y constitucionalidad de dichas leyes aprobadas. O en caso de iniciativas del poder legislativo, existe la posibilidad del veto presidencial, o para el caso de nuestro país, las llamadas “observaciones del Ejecutivo” sobre decretos del poder legislativo. En fin, poderes limitándose unos a otros para evitar excesos de autoridad. Desde luego que las desavenencias son condiciones propias de todos sistemas que se preste a llamarse democrático, no obstante, resulta paradójico y hasta insultante que de pronto esa lucha entre poderes se lleve a cabo ante actos de autoridad que van en el sentido de la exigencia social sobre algún tema en particular. El tema de los elevados sueldos de muchos funcionarios públicos de los tres poderes de la unión resulta lesivo para una sociedad que cuenta con la mitad de sus ciudadanos ubicados en la categoría de la pobreza, y algunos millones más dentro de la llamada pobreza extrema, además de que estos jugosos estipendios chocaban con el mismo espíritu constitucional que en su artículo 127, menciona expresamente que: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.” Por ello, la resistencia y el anuncio del Poder Judicial de que enfrentará en juicios las leyes aprobadas por la actual legislatura dominada por MORENA, resulta ser insultante para el pueblo de México en general. Y es que al haber aprobado los diputados, con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, por la cual se establece que ningún funcionario puede recibir un salario mayor al del presidente de la República en turno, ha ofendido a muchos funcionarios con sueldos -en este caso a miembros del PJ- que acarician el medio millón de pesos mensuales y que contrasta marcadamente con los 108 mil pesos mensuales que ganará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No solo es lamentable la reacción de estos acaudalados funcionarios, aunque era previsible, sino que pone en tela de juicio su ética y compromiso con el cargo que detentan, pues esos mismos sueldos han violado siempre el artículo 127 y parecía no molestarles el hecho de ser al mismo tiempo los protectores de la constitución y al mismo tiempo sus verdugos. La pérdida de privilegios, definitivamente, pone en evidencia la ética profesional y hace aflorar el encono más puro y las estrategias más arteras con tal de mantener el esquema de beneficios personales. Inicia, pues, una batalla entre dos grandes poderes. El cambio y la justicia contra los privilegios y el “establishment.” El poder judicial ha mostrado ya, de qué lado está.
