Cuando el Estado es rebasado por un problema de dimensiones considerables y
no puede otorgar a la sociedad los elementos básicos que le permitan un
desarrollo pleno, es cuando la misma sociedad civil irrumpe y toma el control
de las situaciones que el Estado mal dirigido no ha podido encaminar en óptimo
sentido.
La crisis de inseguridad rampante que azota a nuestro país desde hace más
de seis años ha provocado en el tejido social una seria descomposición que ha
desvirtuado el Estado de derecho y dejado de lado las garantías básicas de
todos los mexicanos. Ello ha generado hartazgo social que inició con marchas,
manifestaciones, edificación de organizaciones civiles que buscaban disminuir
la violencia generalizada y que, dada la ineficacia del gobierno y el poco
pragmatismo de dichos movimientos sociales, algunos grupos armados que todavía
pueden considerarse aislados han levantado la voz y las armas ante un magro
panorama que parece no tener fin.
Es en el Estado de Guerrero en donde han aparecido grupos que han comenzado
el proceso de justicia por mano propia, es decir, justicia paralela a la
autoridad ante el vacío de la misma. Y no son grupos que hayan aparecido de
manera intempestiva, sino que son producto de guerrillas mexicanas que han
estado ocultas, mas no inactivas y que poco a poco comienzan a ganar nuevamente
popularidad como posibles agentes productores de justicia social.
Guerrillas como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
Ejército Popular Revolucionario (EPR), Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI), Comando Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando
Justiciero 28 de Junio (CCRP-CJ28J), Ejército Villista Revolucionario del
Pueblo (EVRP), Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), Tendencia
Democrática Revolucionaria (TDR), etc., han estado agazapadas y, me parece, han
irrumpido en un momento en que su conocimiento del terreno, su capacidad de
fuego, pudiera tal vez servir como paliativo ante la ausencia del Estado en
comunidades azotadas por la violencia producto del crimen organizado.
Sin embargo, este es el escenario al que en ningún momento queríamos
arribar como sociedad, pues ningún grupo bajo ninguna circunstancia debe
suplantar las tareas del Estado en materia de seguridad e impartición de
justicia. La justicia impartida por la propia
sociedad resquebraja la teoría de la división de poderes y violenta los
elementos básicos de todo régimen republicano. A la vez del peligro que supone
la impartición de justicia por una sociedad enardecida y lo popular que pueden
llegar a resultar estos grupos que en determinado momento pueden desafiar al
mismo Estado. Lamentablemente, es algo que se vislumbraba en el horizonte
inmediato, ya que cuando el Estado ha perdido la rectoría del poder, alguien
más, inexorablemente, tomará la batuta. Ya no habrá un enemigo a vencer, ahora
serán dos.
