No se trata ya del caso MONEX o MonexGate; puesto que para nadie resulta
sorprendente el conocer que los Partidos Políticos en México conculcan
constantemente las leyes en este país, sobre todo tratándose de la ley
electoral. Compra de votos, acarreo de militantes, campañas sucias y exceso de
gastos de campaña son conductas sui
géneris de dichos institutos políticos, es decir, la corrupción en ellos en
endémica y es vista ya por el grueso de los mexicanos como algo “natural”.
Todo ello producto de la debilidad institucional de la autoridad electoral
y las lagunas jurídicas en términos de regulación y su consecuente laxa
efectividad punitiva vuelven el escenario propicio para dichas felonías.
Pero, insisto, no se trata ya de lo mencionado; se trata del terrible golpe
a la imagen del Instituto Federal Electoral (IFE), con el anuncio de la
renuncia del consejero Sergio García Ramírez luego de desempatar una votación a
favor del PRI que buscaba castigar a dicho partido por los 66 millones de pesos
que ilegalmente utilizó a través de
la empresa MONEX para financiar su estructura electoral.
Si bien el IFE sufrió un terrible golpe a su credibilidad en la elección
presidencial del 2006, con aquella indefinición suspicaz que proyectó el
entonces consejero Luis Carlos Ugalde la noche de la elección; dicho instituto
comenzó el lento y sinuoso camino de la redención, misma que parecía alcanzar
en la elección de 2012. No obstante, la votación y el anuncio de la renuncia
del consejero García Ramírez luego de la exoneración del PRI, deja un resabio
que abona una mancha indeleble a la autoridad electoral.
Me parece que por salud institucional, el consejero debió anunciar su
renuncia cuando el grueso de los mexicanos, como es costumbre, olvidaran por
completo el suceso. Porque si bien la decisión puede ser apelada a través de la
FEPADE, la decisión del consejero apunta a una conflicto de intereses dada su
estrecha relación con figuras priístas de alta alcurnia.
Insisto, no se trata de un acto monótono de corrupción a la mexicana, se
trata de la imagen que proyecta el órgano superior del IFE: su Consejo General,
el cual, se supone debe ser apartidista, certero, legal, transparente,
imparcial… conceptos que, me parece, han sido puestos en duda con el anuncio
del Consejero, aunque él mismo alegue que era una decisión ya tomada con
bastante antelación.
