Despilfarro, dilapidación, derroche, dispendio, todos ellos conceptos que
molestan, irritan, que generan un estado de animadversión y a la vez de
impotencia ciudadana. Y es que el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Coahuila (IEPC) gastará en este proceso electoral del próximo 7 de
Julio en Coahuila casi trescientos millones de pesos en la organización de
dichos comicios electorales. Es decir, más del 150% de lo que gastó en el
proceso electoral pasado.
Y es que cuando se analiza la distribución de dichos recursos afloran
detalles que causan nausea, pues nada más por el concepto de prima vacacional,
dominical y gratificación anual se gastarán casi 60 millones de pesos, la misma
cantidad que se gastará en el pago al personal operativo transitorio que se
dedicará a las labores de capacitación, esto sin mencionar que dichos puestos
laborales temporales se encuentran monopolizados y son entregados a discreción
por el encargado del área de capacitación electoral.
Lo que también resulta cuestionable es la eficiencia del propio instituto
tanto en la cuestión electoral, así como en lo relativo a la aplicación de la
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, pues a pesar de
mencionar constantemente en los medios que vencimos al abstencionismo, la
realidad es otra, pues a duras penas el IEPC y su nula falta de educación
cívica no logran romper la racha del 52% de participación electoral por
Municipio en cada elección, aunque para ellos esto resulte algo loable. De
igual manera, poco o nada se ha hecho en materia de difusión de mecanismos de
participación ciudadana como el plebiscito, referendo e iniciativa ciudadana
por no convenir a los intereses de la clase gobernante y de paso para no hacer
trabajar al IEPC en tiempos no electorales.
Si la inversión de recursos fuera proporcional a los resultados, el IEPC
hace mucho que sería una empresa quebrada. Por ello la necesidad de federalizar
las elecciones en este país, pues no son tiempos de abundancia, son tiempos en
que la austeridad debe ser la regla máxima en todo aquel instituto que maneje
recursos públicos, no obstante, el IEPC parece no entender el contexto actual e
insistir en un derroche injustificado de recursos en el que la transparencia
del uso de los mismos resulta muy cuestionable.
No se trata de atentar contra la democracia, pues la organización electoral
es sumamente importante, no obstante, hay detalles que resultan perniciosos y
lo único que denotan es uso y abuso de recursos públicos justificados por un
supuesto acto cívico que ni siquiera asemeja ser tal. El IEPC parece serle fiel
a aquella inmortal frase de Maquiavelo: El fin justifica los medios.
