No se trata de las clásicas falencias de los aparatos de seguridad pública
de los municipios de nuestro país, pues si bien es cierto que cuestiones como
el equipamiento y adiestramiento varían mucho dependiendo del tamaño del
municipio, también es cierto que la eficiencia no está peleada de ninguna
manera con la limitación de recursos.
El problema es cuando los aparatos de seguridad pública se vuelven no sólo
ineficientes, sino perniciosos y ominosos para la sociedad a la cual deben
invariablemente de servir bajo cualquier circunstancia. Es el caso de la
ineficiente, corrupta, reactiva, diletante y ornamental policía de Allende,
Coahuila. Aparato de seguridad que se ha vuelto “cazador” de conductores y ha
desvirtuado el aspecto de la prevención para convertirla en rapaz reacción.
En lo personal, me parece correcto que la policía se dedique a aplicar el
reglamento de vialidad, el detalle es que el mismo carece de fundamento
jurídico al no existir reglamento de tránsito municipal y tampoco existir actas
de cabildo en donde se demuestren los acuerdos tomados por el cuerpo edilicio
en temas de seguridad pública referentes a vialidad. Sin embargo, los conductores
que no respetan las señales de tránsito, deben ser irremediablemente
castigados. El inconveniente es que la policía de Allende, se oculta en lugares
en donde asecha conductores desprevenidos, cuando lo correcto es situarse en un
lugar visible para que su presencia “prevenga” conductas inapropiadas de los
conductores, en ello radica el nombre de policía preventiva. No obstante, la
idea es esperar una transgresión aunque sea ligera para reaccionar
inmediatamente y aplicar la sanción correspondiente en una clara actitud
recaudatoria probablemente ordenada por el propio alcalde municipal. Han tomado
una actitud represiva en lo particular hacia una escuela de bachilleres de la
Universidad Autónoma de Coahuila, pues esperan a los jóvenes para
infraccionarlos bajo cualquier pretexto. No obstante con ello, a cualquiera que
ha cometido alguna infracción y que es remitido a la comandancia, tiene que
acatarse a los designios de un letrero hecho a mano que señala multas
dependiendo del grado de la intensidad de la voz y de la vehemencia con la que
los conductores aleguen su inocencia, cabe preguntarse si dicho letrero lleva
el visto bueno del cabildo en su respectiva acta o es otra medida recaudatoria
del alcalde Sergio Lozano.
Todo esto sin mencionar aspectos que son todavía más deplorables quizá
propios del quehacer policial en nuestro país. Si el alcalde desea marcharse
con una buena imagen, es preciso atender estos pequeños, pero significativos
detalles, pues no se trata de permitir que cualquiera transgreda las leyes de
vialidad, sino que se capacite a una ineficiente policía que poco abona a la
buena imagen tanto de la ciudad, como de la propia seguridad pública en
general.
