Uno de los múltiples males que azotan a nuestro país desde tiempos decimonónicos, o quizá todavía mucho tiempo atrás, es el de la ineficiencia del aparato judicial en nuestro país. Nuestro sistema de justicia se ha caracterizado siempre por su ineficiencia, corrupción, tortuguismo burocrático y nula investigación policiaca o en ministerios públicos en averiguaciones que terminan en falta de elementos para poder condenar a culpables y la alarmante facilidad con la que se inventan culpables y delitos para ofrecer resultados y probar con ello una eficacia que realmente se encuentra en tela de juicio. Basta tan solo con recordar dos sugestivos casos: José Antonio Zúñiga, mejor conocido como “El Presunto Culpable”, y el cantante Kalimba. El primero, fue detenido en plena vía pública, acusado de asesinar a un individuo que jamás había visto en su vida, y todo a ello a pesar de que los vecinos del tianguis en donde Zúñiga laboraba aseguraron haberlo visto todo el día en la fecha del asesinato que le imputaban. La única acusación en contra de Zúñiga provenía de un familiar de la víctima que había sido golpeado en la escena del crimen y que señaló a Zúñiga como el asesino. Zúñiga fue sentenciado a 20 años de prisión, por un delito que jamás cometió y por el solo hecho de ser señalado por un testigo que le encontró parecido con el verdadero asesino. Afortunadamente, alumnos de la UNAM tomaron su caso y grabaron el documental titulado “presunto culpable” y lograron sacar de prisión a Zúñiga demostrando su inocencia luego de 804 días encerrado y sentenciado. Finalmente, el actor Kalimba fue acusado de violación de una menor por la supuesta afectada, y estuvo detenido y a punto de ser sentenciado, pero una reconstrucción de hechos por abogados expertos demostró su inocencia. Los dos casos antes mencionados, más el hecho de que por lo menos la mitad de los presos de nuestro país son inocentes, vuelve bastante cuestionable lo proferido por el senador de Morena Alejandro Armenta, quien anunció que presentará una iniciativa para castigar con castración química a violadores de mujeres y de niños. A pesar de que la misma constitución prohíbe las penas de castigo corporales, y que el mismo presidente López Obrador se ha deslindado de dicha iniciativa, la simple idea de la castración a violadores en atractiva para muchos mexicanos desde el punto de vista de exigencia de resultados frente a un ministerio público ineficiente, no obstante, la simple idea de que en este país se señala, detiene, juzga y encarcela a cualquier ciudadano bajo las más simples y deficientes pruebas y argumentos y que estos mismos se basan generalmente en señalamientos de testigos cualesquiera y de confesiones obtenidas mediante tortura; por ello la sola idea resulta bastante atemorizante, pues sin duda muchos inocentes serían castrados solo por el hecho de parecerse físicamente a un delincuente o de ser enemigo público de alguna autoridad o solo por tener la mala suerte de convertirse en chivo expiatorio coyuntural. Mientras nuestro sistema judicial y de investigación sean tercermundistas, mientras que nuestras policías sean diletantes y carentes de filtros de control de confianza certeros, mientras que la corrupción siga siendo la hoja de ruta dentro de salas judiciales y de ministerios públicos, las condiciones para contar con un sistema similar al estadounidense en donde se contemple castigos como la castración y la pena de muerte serán nulas y sin posibilidades reales de castigos disuasivos para el resto de potenciales delincuentes. La propuesta del senador Armenta está condenada al ostracismo legislativo, pero es una llamada de atención que invita a la profesionalización de nuestro sistema judicial y penal.
