La erróneamente bautizada “caravana hondureña” que se ha abierto paso por nuestro país y que tiene como destino primario los Estados Unidos de América, ha desatado un sinfín de comentarios que versan sobre temas que van desde la seguridad nacional, hasta la crisis humanitaria y de derechos humanos que conlleva un movimiento de tal envergadura y de tales características. Es desde luego un tema que genera temor, no obstante, el verdadero problema no es que los hondureños hayan ingresado por la fuerza a nuestro país, sino el destino que les aguarda cuando intenten hacer lo mismo en la frontera norte de nuestro país. No se necesita ser un experto en geopolítica y crisis de desplazados para vaticinar el desenlace, pues el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, ha dejado ya ver un poco de su respuesta al enviar a soldados pertenecientes al comando norte del ejército estadounidense ante la llegada de la caravana inmigrante. La incertidumbre sobre lo que pudiera suceder ante una intentona de ingreso forzado por parte de los hondureños ha hecho acto de presencia y hace que aflore la pregunta sobre cuál sería la reacción del ejército y las consecuencias humanitarias derivadas de un choque. Para empezar, se trata de 5200 militares que, bajo la operación llamada “Patriota Fiel”, se unirán a más de 2000 miembros de la guardia nacional y más de 1000 agentes del CBP (Patrulla Fronteriza) y que suponen ser el mayor movimiento interno de tropas en activo en decenas de años, lo cual nos sugiere que no se trata de una estrategia disuasiva, sino cien por ciento proteccionista y que promete ser contundente ante el arribo de los migrantes, no obstante, el problema se vuelve más confuso, pues la Ley Posse Comitatus (de 1978) prohíbe que los militares realicen acciones que corresponden a las fuerzas del orden civiles, como la detención o procesamiento de migrantes, es decir, jurídicamente el ejército estadunidense no puede detener dicha caravana haciendo uso de sus armas. No obstante, tienen derecho a defenderse en caso de una agresión. El asunto se complica aún más, porque tanto la ley de EE. UU, como el derecho internacional protegen a los migrantes que deseen solicitar asilo al entrar en territorio estadounidense y ponerse “bajo custodia” de las autoridades de ese país, es decir, no con la intención de laborar y obtener recursos para aliviar la situación de hambruna que los ha obligado al éxodo so pena de morir de hambre. Ahí radica la complicación, pues los migrantes no buscan asilo, buscan oportunidades de mejora en su calidad de vida, y ello atenta contra la xenofobia que fue una de las causas principales por las que Trump fue electo presidente de los Estados Unidos, por lo que me parece que la caravana será disuelta apenas intente cruzar la frontera, aunque no está claro el papel del ejército cuando se supone que solo participaran como asesores de las agencia de seguridad fronteriza y para lo cual, definitivamente, no se requieren 5200 elementos. En lo personal, pienso que la enorme distancia que implica el recorrido terminará rompiendo la determinación de los hondureños y culminará con la desintegración de dicho movimiento, no obstante, dicho desmembramiento será gradual y su desmoronamiento será dentro de nuestro país culminando con un problema más, agregado a la sarta de complicaciones que nos azotan como nación.
