No es precisamente una
ocurrencia o un decreto que tuviese que realizar una vez que tome posesión como
presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la disposición en automático es
constitucional y encuentra su origen en el artículo 127 de nuestra carta magna,
el cual categóricamente señala: “ningún servidor público podrá recibir
remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a
la establecida para el presidente de la República en el presupuesto
correspondiente.” Además, “ningún
servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior
jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios
empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales
del trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en
su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la
remuneración establecida para el presidente de la república o el presupuesto
correspondiente. Ello justificaba , por ejemplo, los sueldos por demás robustos
y atractivos de funcionarios del INE, ya que los consejeros se embolsan 160 mil
pesos mensuales, no obstante, este estipendio se encuentra dentro del margen de
lo señalado por el 127 constitucional, ya que el presidente Enrique Peña Nieto
recibe mensualmente la cantidad de 270 mil pesos mensuales. No obstante, con el
anuncio del presidente electo de que su sueldo mensual será de 108 mil pesos,
ha provocado un estruendo dentro de la administración pública al existir
funcionarios que tendrán que reducir sus ingresos de manera considerable tal
cual lo mandata el precepto constitucional en mención. Para el caso de los
consejeros del INE, tendrán que reducir sus ingresos en más de 50 mil pesos,
pero no solo ellos, pues funcionarios o servidores como los magistrados de la
suprema corte de justicia, con sueldos que superan el medio millón de pesos
mensuales, así como el auditor superior de la federación, con un ingreso de más
de 353 mil pesos mensuales, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), con un ingreso de más de 340 mil pesos también mensuales, el
presidente consejero del INE, con casi 350 mil mensuales de ingreso, la
presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), con
ingreso de más de 284 mil mensuales, la presidenta de la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE) con un ingreso también mensual de más de 276 mil
pesos entre muchos otros funcionarios y servidores como los mismos senadores
con ingresos mensuales de más de 227 mil pesos, o los diputados con ingresos
también mensuales por más de 160 mil pesos. Son más de cinco mil millones de
pesos lo que se pretende ahorrar, es decir, son cinco mil millones que dejarán
de ingresar en diferentes hogares y familias privilegiadas. No se trata, de una
conjura clasista contra los “opulentos”, se trata de un tema de justicia
social, pues de los 51.7 millones de adultos que trabajamos en México, solo el
1.7 por ciento perciben más de 20 mil pesos al mes, según datos de la encuesta
nacional de inclusión financiera elaborada por la comisión nacional bancaria y
de valores (CNBV). Es por ello, que la disposición de AMLO no solo es
bienvenida, sino necesaria dentro de una sociedad de marcados contrastes en
donde una reducción de súper salarios envía una señal de empatía hacia una
sociedad que sigue abrazada en su mayoría por la pobreza y la falta de oportunidades.
