Comencemos por las formalidades: no se trató de recursos destinados a actividades electorales, ni tampoco se dispuso de los mismos para fines de dicha índole, finalmente, 10 de los 11 consejeros han considerado que el caso no se ajusta a los procedimientos de fiscalización del INE, sin embargo, estos depósitos en efectivo violaban los preceptos del financiamiento de partidos políticos, pues se trataba de un fondo creado por militantes y simpatizantes del partido morena y solo por ese hecho, aunque el dinero no se haya destinado a cuestiones electorales, era ya sujeto de las reglas de fiscalización del INE, más no de investigación y acusaciones. Se trató a final de cuentas, de un fideicomiso para acciones determinadas, en este caso: los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Por supuesto que no se puede descartar en ningún momento algún acto de posible corrupción, pues se trata de altas cantidades de dinero que bien pudieron ir a parar a manos totalmente ajenas a quienes lo necesitaban, pero esa también es una hipótesis temeraria y atrevida, pues no sabemos a ciencia cierta si llegaron o no los recursos a los damnificados, pues los mismos no extienden recibos fiscales por ayuda recibida, pero sí recibos con firma y copia de credencial de apoyo recibido. Pero regresemos al tema, se trata de depósitos en efectivo que rompieron las reglas del juego y después de retiros en extrañas circunstancias que no permiten imaginar algo diferente a corrupción. Aunque es preciso señalar, que el caso ha opacado otros graves señalamientos dentro de los resultados presentados por la UTF, tales como el reporte de costos de anuncios electorales en vía pública, sobre los cuales, AMLO reporta costos de mil 600 cada uno, mientras que los de Meade y Anaya son de 30 mil y 26 mil pesos respectivamente, es decir, posibles casos de desvíos de recursos mediante precios inflados son dejados de lado por temas fuera de competencia de la UTF; lo cual se vuelve un tanto suspicaz. Antes de comenzar a espetar acusaciones, primero se deben hacer las investigaciones y que estas demuestren un posible mal uso del recurso que, también hay que reiterarlo, fue retirado en extrañas condiciones que hacen imaginar actos ignominiosos sin que haya necesidad de ello, o en otras palabras, tal vez estaban haciendo "cosas buenas", pero aparentemente malas, y si la autoridad determina que hubo malos manejos de un fideicomiso que tenía fines asistenciales, entonces que se castigue a los responsables y se divulgue a los cuatro vientos las malas prácticas de un partido que se ha vendido como la diferencia en un sistema de generalidades partidocráticas. Pero hasta el momento, todo es mera especulación, ni las acusaciones ni las defensas hacia morena tiene sustento determinante, además, se trató siempre de recursos particulares a título privado, por lo que el INE, finalmente, no tiene atribuciones para investigar estos movimientos de particulares. Abonando a esto, los representantes de morena afirman haber retirado las cantidades de recursos ante la lejanía de los beneficiarios al radicar en comunidades lejanas y que además no cuentan con medios para recibir transferencias ni mucho menos con recursos para trasladarse a retirar dinero en efectivo de sucursales bancarias, ello también es razonable y hasta pudiera justificar el retiro de grandes cantidades de recursos, además, afirman contar con los recibos firmados por los beneficiarios con las copias de credenciales correspondientes. Definitivamente, el caso no es sencillo, se debe conformar por parte de las autoridades una comisión para comprobar los argumentos de los morenistas, o en su caso echarlos por tierra, lejos del escándalo aparente, debemos esperar el fallo de los tribunales para determinar si morena es ese partido diferente que dice ser, o resulta ser un PRI más, pero disfrazado de alternancia.
