Se trata de una historia tan lamentable
y tan común: atavismos mentales y
prejuicios peyorativos por vestimenta, lenguaje, estatus social, etc. El que
Pedro César Carrizales, diputado local electo en el Estado de San Luis, reciba
una serie de comentarios peyorativos y denostativos hacia su persona
minimizando su derecho a ocupar un cargo de elección popular al ser señalado
como “cholo” o delincuente, habla del grado de intolerancia de una sociedad que
sigue definiendo a una persona por su vestimenta. Y es que, si se tratara de
capacidad, en nuestro país la legislación constitucional establece requisitos
mínimos para acceder a cargos de elección popular, y la mejor prueba la podemos
observar en los tres niveles de gobierno, en donde contamos con regidores, diputados
locales; federales y senadores con estudios mínimos de educación básica, muchos
de ellos sin experiencia en el sector público y que se dedican ni más ni menos,
que ha crear las leyes que nos rigen como ciudadanos. Por ello, es que debo
suponer que su nivel de estudios o conocimientos legislativos no es puesto en tela
de juicio por los detractores de la elección de El Mijis, pues no hay
argumentos para exigir de él conocimiento fulgurante sobre temas legislativos. Tampoco
se trata de criticar al partido que acaba de arrasar las elecciones del pasado
primero de julio, pues todos los partidos, sin distinción han sido
representados en contiendas electorales y en alguna cámara del congreso de la
unión por personas de dudosa reputación o de dudoso profesionalismo, y además
cuentan entre sus filas a personajes tan nefastos que han sido acusados de crímenes
y delitos federales como narcotráfico, peculado, asesinato, lavado de dinero,
etc. Por su parte, El Mijis, ha sido señalado por contar con antecedentes
penales, al respecto, el hecho de haber llegado a un escaño del congreso,
significa que ha pagado por esos delitos al recuperar sus derechos políticos
que le permitieron ser votado y que invariablemente se pierden al pagar una
condena en prisión. En otras apalabras, el diputado electo ya ha cumplido con
la pena impuesta por sus faltas contra la sociedad.
Se mencionan en su favor actividades altruistas en
beneficio de jóvenes con entornos complicados y su lucha contra la
discriminación, sin embargo, aunque loables hazañas y actividades, no debe
siquiera buscarse un solo elemento para justificar su incursión a la vida
política de su Estado, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos
establecidos por la ley para poder ser registrado como contendiente electoral
debe ser suficiente para que participe. En base a lo aducido, nos vemos
entonces inmersos en un claro escenario de discriminación que atenta en primer
lugar contra nuestra constitución que menciona en su artículo primero: “Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.” Y El Mijis tiene el
mismo derecho a un cargo público que cualquier persona en este país. En segundo
lugar, atenta contra nuestra misma democracia, pues el principio de pluralidad se
ve afectado y daña a todas las minorías por el solo hecho de no agradar a
visiones convencionales genéricas que intentan definir quién o quiénes tienen
derechos en este país. Un retroceso más para nuestra democracia.
