Las fuerzas de seguridad en nuestro país, desde
tiempos decimonónicos, han inspirado sensaciones como el temor, el odio y la
repulsión por parte de la ciudadanía. En su momento, Porfirio Díaz haría uso de
la temible policía rural para reprimir a quienes no comulgaban con su régimen, y
ya en la actualidad, casos como el de Tlatlaya o Ayotzinapa nos dejan ver lo
peligroso que puede ser el aparato de seguridad del Estado en sus tres niveles
de gobierno. Lejos estamos de contar con cuerpos de seguridad pública que nos
inspiren confianza y seguridad. Es cierto, no nos caracterizamos por ser una
sociedad que se distinga por su total apego al estado de derecho, al respeto de
las normas establecidas, pero si a esto le sumamos autoridades permisivas,
abusivas o corruptas, tenemos entonces los elementos para hablar de un Estado
fallido. No es un hecho aislado ni mucho menos privativo de un estrato social
que cada vez que nos encontramos una patrulla policiaca en el camino el temor
nos abraza, y no por tener cuentas pendientes con la ley, sino por el solo hecho
tan genérico de saber que nos pueden detener bajo cualquier excusa con la
intención de extorsionarnos; y aumenta exponencialmente la tensión cuando de noche
nos topamos con alguna unidad de la temible Fuerza Coahuila, que en vez de
infundir seguridad y tranquilidad, nos infunden temor ante el abuso de
autoridad que caracteriza a estos
elementos de seguridad pública. En resumidas cuentas, los aparatos de seguridad
no son bien vistos por los ciudadanos a quienes se supone deben proteger. Los datos
no dejan lugar a dudas, pues la Encuesta Nacional sobre Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2017) señala que el 80% de los mexicanos
consideran que sus policías locales son corruptas y menos del 50% de los mismos
confían en ellas. Por ello preocupa en demasía que el recién fallo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale a elementos de seguridad pública
inspeccionar vehículos en movimiento bajo el criterio de “sospecha razonable”,
pues esto sencillamente deja al agente de seguridad la decisión personal para
detener un vehículo y catearlo basado en su sospecha. De por sí, las
detenciones arbitrarias a vehículos siempre se han presentado y la mayoría de
ellas han culminado con violaciones serias a los derechos humanos de los tripulantes
y esto a pesar de la prohibición existente antes del reciente fallo de la corte,
por lo que ahora que las mismas detenciones para revisión son ya legales bajo
la sospecha de los agentes de seguridad, podemos colegir sin temor a errar que
los cateos a vehículos simplemente se incrementarán. Preocupa más que los
cateos a domicilios sin orden judicial obedezcan un criterio similar, pues solo
con que una persona coincida con las características físicas de un denunciado
es razón suficiente para irrumpir en un domicilio, esto es tan absurdo, pues cualquier
policía que desee irrumpir en una fiesta en domicilio particular puede hacerlo
solo por que la pareció que algún invitado tenía un parecido similar con algún
criminal. En lo personal, siempre he sido un ciudadano que trata de respetar
las leyes, y al respecto el fallo de la SCJN me parece razonable, pero no
apropiado en las condiciones de nuestro país, en las que simplemente un policía
infunde más temor que los mismos delincuentes. Quizá estas reformas funcionen
en cuerpos de seguridad como Scotland Yard o Carabineros de Chile, pero no en nuestro
país.
