Desde los años setentas, el gobierno mexicano adoptó un esquema de
crecimiento bastante artificial denominado “desarrollo compartido” bajo la
máxima de “gastar para crecer”. La premisa tenía sus orígenes en el keynesianismo
que surgió tras la gran depresión que azotó al mundo y que consistía
sencillamente en inyectar recursos para generar empleos y con ello regresar la liquidez
y consecuentemente el dinamismo económico. El modelo de intervención fue adoptado
en México bajo el esquema del gobierno como único factor de crecimiento
económico amparado en el excesivo gasto gubernamental y cuyo sustento se basaba
peligrosamente en el endeudamiento gubernamental. Desde entonces y hasta la
fecha en que las entidades federativas han adoptado salvajemente estas
políticas de supuesto crecimiento, el gobierno se ha sentido siempre con el
derecho de financiar obras y acciones mediante mecanismos que diseña para tal
efecto o con medidas que muchas veces no parecen ser las más sensatas. Además de
los tradicionales esquemas de endeudamiento mediante préstamos bancarios, el
gobierno federal financia obras bajo el esquema de pidiregas, que son proyectos
financiados por particulares y que una vez concluidos y ya en funcionamiento
son comprados por el gobierno, así mismo, el financiamiento proviene de particulares
mediante la compra de bonos del tesoro con lo cual el gobierno financia obras y
después regresa el dinero al tenedor de bono con su respectivo interés. Existe también
la compra de divisas a costo bajo que se vuelve redituable cuando el dólar experimenta
escaladas que dejan dividendos al gobierno federal. No obstante, en lo que
respecta a inversión de proyectos de obras públicas, el gobierno no es único inversor,
pues los bancos comerciales también realizan este tipo de gasto buscando
obtener ganancias, aunque no siempre con resultados positivos. En 2008, los
Estados Unidos entraron en una crisis económica que se convirtió en crisis mundial
debido a la voracidad de estos entes comerciales. En pocas palabras, los
banqueros gastaron el dinero de los ahorradores en CASAS que entregaron a
clientes esperando obtener jugosas ganancias y regresar el dinero que tomaron “prestado”
de cientos de miles de ahorradores estadounidenses. El resultado: las casas
dejaron de ser pagadas por los inquilinos y el negocio terminó en una quiebra
lo que originó la crisis hipotecaria o “subprime.” Ello generó una discusión post
crisis que resaltaba la urgente necesidad de regular las peyorativas acciones
de los banqueros al separar la banca de ahorro de la banca de inversión de los
bancos para que no pudieran gastar el dinero que simplemente no les pertenecía.
Pues bien, dice un viejo adagio que “el sabio aprende de los errores de los
demás”, y seguros estamos que la sabiduría no es una condición resaltable de
los mexicanos. Por ello resulta bastante preocupante que las afores Inbursa,
Pensionissste, Profuturo y Banorte estén invirtiendo recursos de los
ahorradores mexicanos en el proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad de México,
y es que una Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) es una institución
financiera privada que se encarga de administrar los fondos para el retiro de
los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE.
Lo hace a través de cuentas personales que asigna a cada trabajador, en
las que se depositan las aportaciones hechas a lo largo de su vida laboral, por
lo que estas instituciones bancarias al invertir recursos de trabajadores están
violentando el principio de la separación de la banca de ahorro y la banca de
inversión y arriesgando con ello el dinero de muchos trabajadores que cotizan
para su jubilación. Resulta preocupante que el gobierno y los legisladores no estén
midiendo los riesgos de este tipo de inversiones sobre todo con los
antecedentes de 2008. Preocupa también que tengamos que experimentar con malas usanzas
para que nuestros legisladores establezcan leyes que metan en cintura a los banqueros
y protejan con ello a los ciudadanos que dicen representar.
