El proceso electoral local 2016-2017 en nuestra entidad
arrojó, naturalmente, autoridades nuevas, y lejos de las implicaciones técnicas
relativas al tiempo que durarán los alcaldes este periodo y las cuestiones de
reelección, lo importantes es conocer que los 38 municipios de Coahuila
estrenan alcaldes, la mayoría de ellos conscientes de que su periodo de un año
es trascendental en cuanto a sus
actividades para obtener resultados que alimenten sus pretensiones de repetir
en el cargo según sea el caso. Pues bien, en un ejercicio de transparencia, se crea
el “barómetro del cabildo”, un instrumento que analiza el desempeño de los
regidores de los cabildos de los cinco manantiales, para ello, es indispensable
contar con información oficial que por ley los sujetos obligados, en este caso
los ayuntamientos, deben proporcionar sin cortapisas. Al respecto, el barómetro
intenta transparentar los intestinos de los cabildos de la región de los cinco
manantiales en Coahuila y para ello se realizaron las solicitudes
correspondientes de información a través de la plataforma del Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), obteniendo información en tiempo
y forma de los ayuntamientos a excepción de dos de ellos: Zaragoza y Villa
Unión. La negativa de información de un sujeto obligado suele presentarse en
dos escenarios: el primero es cuando ignoran que deben entregar información que
va más allá de la llamada información pública mínima, que por ley deben difundir,
tal es el caso de organigramas, nómina, directorio de funcionarios, etc., no
obstante, la información pública no es taxativa a la información pública mínima
y es el desconocimiento de este principio lo que en ocasiones genera la negativa
de información. Por otra parte, se encuentra la simple indiferencia hacia la
atención a estas solicitudes de información, y esta indiferencia es simple y
sencillamente violación a la ley con pleno conocimiento de causa. Y es esta última
la principal razón por la que municipios como Villa Unión y Zaragoza niegan la
entrega de información pública en clara violación a leyes tanto federales como
locales. Es preciso señalar que Zaragoza es un municipio que es reincidente en
este tipo de prácticas, pues no es la primera vez que se rehúsan a entregar
este tipo de información y en lo que respecta a Villa Unión, la administración
pasada se caracterizaba por la entrega de la misma dentro de los plazos que
señala la ley. ¿Simple autoritarismo decisorio para negar información, o simple
desconocimiento de responsabilidades en la materia por tratarse de
administración nueva? Al final de cuentas, se trata de viejas prácticas
discrecionales que buscan ocultar información pública en clara alusión a la
apropiación privada de espacios públicos. No se puede hablar de un gobierno con
compromiso social si no tiene la capacidad de transparentar sus procedimientos
internos y menos cuando se violan derechos humanos tal cual sucede al conculcar
el artículo sexto constitucional al negar entregar información pública. En efecto,
se trata ni más ni menos que de nuevas y viejas: nuevas administraciones que
enarbolan objetivos diferentes, pero que a final de cuentas llevan a cabo viejas
prácticas autoritarias e ilegales como negar información que por ley deben
entregar en tiempo y forma. Desde luego que se reconoce a municipios como
Allende y Morelos, quienes entregaron la información a tiempo, y cuya actuación
contrasta con los otros municipios que han iniciado su gestión manchados de
opacidad y de ilegalidad.
