Nuevamente y para no desvariar, nuestro país vuelve a
ocupar uno de los últimos lugares en las listas de índole mundial en las que se
miden buenas prácticas gubernamentales. Resulta que el World Justice Project
(WJP) acaba de presentar su evaluación titulada: “Estado de Derecho 2017-2018”
(Rule of Law Index) en la cual nuestro país cayó cuatro peldaños para ubicarse
en el lugar 92 de 113 países evaluados, compartiendo vecindad con países como Sierra
Leona, Liberia, Kenia y Uzbekistán. La medición que realiza WJP se basa en el
análisis de ocho factores fundamentales para la cimentación sólida de un Estado
de Derecho en una nación democrática, los aspectos a evaluar son: límites al
poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos
fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y
justicia penal. Cabe mencionar, que en el marco de la celebración del día de la
promulgación de nuestra constitución política, en el mes de febrero, la
publicación de los resultados no puede ser menos que perturbadora, pues
justamente el orden constitucional y la aplicación de las normas contenidas en
dicho ordenamiento (y el cumplimiento cabal del mismo por autoridades y ciudadanos)
generan la existencia de un auténtico Estado de Derecho, no obstante, el
informe de WJP nos desnuda una realidad que ciertamente casi todos los mexicanos
conocemos: en nuestro país las leyes no se aplican y cuando funcionan, es
porque obedecen a ciertos y determinados intereses, pero la historia no es un
suceso inusitado, sino más común y hasta sui generis de la misma existencia de
nuestro país, y los ejemplos sobre abundan: México es el último lugar en cuanto
a desempeño educativo en los países que integran la OCDE, en cuanto a transparencia,
caímos al lugar 123 de 126 en la percepción de corrupción, siendo entonces uno
de los países más corruptos del mundo, igualmente ostentamos el deshonroso
lugar 77 en el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. También poseemos
lugares punteros, como el sexto a nivel mundial en impunidad, primer lugar en
obesidad infantil, primer lugar en abuso sexual a menores, igualmente primer
lugar mundial en casos de bullying en educación básica y otros primeros lugares
que nos muestra nuestra mediocre y triste realidad. Es por ello que el informe
de WJP no es más que la misma historia que se repite en diversos ámbitos de la existencia
de nuestra nación y de su respectiva sociedad. Lo que sin duda nos recuerda el informe
en mención, es la debilidad de nuestro sistema que se caracteriza por la
corrupción, la impunidad, la opacidad, la discrecionalidad, la violación sistemática
de derechos humanos, la inseguridad y la falta de una auténtica impartición de
justicia que se ve cuestionada por sucesos tan alarmantes como el que la judicatura
federal haya tenido que suspender exámenes para la designación de jueces por el
robo de las respuestas de dichos exámenes. Nuestro país hace muchos años que adolece
de la aplicación de un Estado de Derecho que establezca el orden y el irrestricto
apego y respeto a las normas establecidas y mientras esto siga sucediendo, de
manera inexorable seguiremos hundiéndonos en el sótano de las mediciones
internacionales de buenas prácticas en perjuicio de todos y cada uno de los que
habitamos este país. Pareciera que el subdesarrollo es la sutura sagital de
nuestra nación.
