¿Para qué elaborar un sistema
legal tan complejo si a final de cuentas no se va a aplicar? Gran parte de la
falta de cultura de la legalidad del grueso de los mexicanos estriba en que,
precisamente, es la misma autoridad la que falta al cumplimiento de la misma
ley: el ejemplo arrasa. Si por violar una ley de X reglamento el castigo son 10
días de prisión, el castigo deben ser inexorablemente 10 días, sin cortapisas
ni titubeos, pues una actitud timorata o permisiva en la aplicación de las
leyes en lo que al aspecto punitivo se refiere, solo sienta un mal precedente
de que absolutamente nada pasa si se conculcan las leyes. La reforma política
fue un esfuerzo bastante complejo que trajo como resultado modificaciones a
leyes y reglamentos, derogación y creación de nuevos institutos político
electorales, y un entramado legal tan complejo que pocos tienen la pericia de
dominar: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley
General de Sistemas de Medios de Impugnación Electoral, la Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley Federal de Consulta
Popular, sin dejar de lado el mismo
texto del Artículo 41 de nuestra carta magna, resultan ser un complejo
entramado que se supone otorgarían certeza a los procesos electorales federales
y locales, no obstante, dicho entramado hoy queda en tela de juicio ante un
consejo general del INE que no puede determinar de una manera tan sencilla lo
que las evidencias de la Unidad Técnica de Fiscalización le ha entregado. Si la
ley dice que los gastos de campaña no deben excederse en más de 5%, so pena de
nulidad electoral, y si los partidos en contienda simplemente rebasaron los topes,
entonces que se aplique la ley y punto. La nulidad debe ser un hecho y no
intentar aplicar estrategias que solo vienen a echar por tierra los esfuerzos
que se hicieron para sacar la reforma política de 2014. Se trata de la simple aplicación
de la ley, se trata de mostrar firmeza en la aplicación de la misma, se trata de
mandar la señal de que este país está dispuesto a cambiar. Entiendo que los
consejeros del INE, que siempre han estado partidizados al deber su existencia
a los consensos en el congreso de la unión temen aplicar la ley como debe ser
por el hecho de que tienen compromisos con quienes los pusieron en donde están,
y eso es a todas luces cierto, pues el sistema es tan perverso que no permite
entregarle libertad al consejo del INE al supeditar su conformación a las
mayorías de una cámara de diputados que no han entendido la importancia de la
autonomía de órganos como el INE. Por ello, organizaciones como AHORA exigen la
salida de los consejeros actuales por lo sucedido en Coahuila y Estado de
México, no obstante, los problemas no se resuelven con la remoción de estos
destacados individuos, sino con la aplicación de la normatividad tal cual debe
ser. Si la UTF ha decretado rebase en gastos de campaña, que sea lo conducente
según la ley lo que debe proceder, en caso de que la UTF no esté segura de su
informe final, entonces que se remueva por incompetencia a quienes la conforman.
Como consejero en el INE doy fe la complejidad de cada proceso electoral, pero
ello no exime de responsabilidad por ineficiencia a un instituto que se supone
lleva a cabo procesos bastante cualitativos en cuanto al reclutamiento de su
personal se refiere. La falta de resolución final y contundente sobre lo
sucedido en Coahuila y EDOMEX hunden al INE en una crisis de credibilidad peor
que la de 2006, y el verdadero problema, es que la solución será, como siempre,
cortar las cabezas de los consejeros sin resolver realmente el problema: la
falta de aplicación de las leyes en este país.
