Como película de ciencia ficción, y evocando casos tan
memorables como el Watergate, nuestro gobierno federal es acusado de manera
directa de utilizar espionaje sofisticado y bastante preciso contra periodistas
incómodos y disidentes mediante un software denominado “Pegasus.” Con un grado
de complejidad tan avanzado, este malware originario de Israel, es capaz de
presentar vigilancia a cualquier teléfono móvil haciendo uso de la misma cámara
y micrófono de quien porta el teléfono infectado por el virus. Pero lejos de
las implicaciones técnicas que pudieran ser parte inherente de este sistema de
vigilancia, partimos de la idea de la violación de la privacidad de personas
llevada a cabo por el mismo gobierno federal, además de romper los protocolos
de uso de dicho programa de vigilancia, pues a pesar de que su venta solo es
permitida a entidades gubernamentales, su uso es exclusivo para vigilar
criminales, o prevenir amenazas de seguridad nacional. Y teniendo en cuenta
eso, las acusaciones de por lo menos 12 periodistas involucrados en
investigaciones periodísticas de corrupción gubernamental aseguran haber sido
víctima de este espionaje. De igual manera, abogados que llevan el caso
Ayotzinapa y que no están dentro de la línea de la verdad histórica han manifestado
ser vigilados por este sistema producto de iniciativas gubernamentales, y en
efecto, para el caso de México, el malware fue comprado por la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) y la Procuraduría (fiscalía) General de la República
(PGR) y también fue adquirido por el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN). Los casos en específico que parecen ser parte de la
vigilancia del gobierno federal son tan delicados que han manchado la
administración del actual presidente Enrique Peña Nieto: Ayotzinapa, Tanhuato,
La Casa Blanca, Tlatlaya. Pero no solo casos de violencia, sino de organizaciones
que han sido punta de lanza para intentar encauzar en las vías del desarrollo a
este país, tal es caso de espionaje que denuncia el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), durante la elaboración de la plataforma del sistema
nacional anticorrupción y algunos otros casos igual de delicados. Eventos de
espionaje como el Watergate en los años 70s le costaron la presidencia al
entonces mandatario, Nixon, quien pagó caro el costo de la intromisión
gubernamental en terrenos que no le correspondían. Desde luego, no me parece
que el caso “pegasus” vaya a provocar la caída del actual mandatario, mucho
menos cuando sus días por mandato constitucional como presidente ya están
contados, pero si me parece que el tema será utilizado como arma política para
atacar al partido del actual presidente tomando en cuenta también que hasta el
momento de la redacción de éste artículo, la bancada priista en el congreso no
había emitido una postura frente a tan delicadas acusaciones, mientras que
miembros de las demás bancadas se preparan para proponer un punto de acuerdo
para la comparecencia del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
para que explique datos más precisos sobre el uso que las aparatos de seguridad
estatal le están dando a estas herramientas que tienen un fin bastante
específico: combatir al crimen, no fomentar la violación del derecho a la
privacidad ni tampoco intimidar a quienes simplemente luchan por buscar mejoras
para este país. Otro escándalo y de esta magnitud, es lo último que necesita
este gobierno que está ya en el ocaso de su existencia.
