Falta de regulación,
competencia desleal, rescates financiero absurdos, estos tópicos sin duda son característicos
de sistemas financieros obsoletos y anacrónicos, no obstante, y a pesar de que
nuestro país forma parte del G20, es decir, las 20 naciones más desarrolladas,
casos como FICREA siguen siendo emblemáticos y nos demuestran la falta de
seriedad en cuanto a la regulación de la banca privada en México. A más de dos
años de lo ocurrido, FICREA sigue siendo un caso más de impunidad y laxitud
reglamentaria que además supone la deslealtad de un sistema que beneficia a
unos cuantos y perjudica a muchos. Durante muchos años, sobre todo en los 80s,
se acusaba a los banqueros de ser los artífices de crisis económicas producto
de su voracidad y falta de ética al tomar recursos de la banca de ahorro y
gastarlo de manera absurda y poco analítica en la banca de inversión. Debido a
ello, en la actualidad, la banca en México se encuentra regulada de manera tan
sofisticada que en momentos parecen ser un obstáculo más que un beneficio a la
promoción del desarrollo, pero el temor al pasado justifica la excesiva
regulación. No obstante, de pronto aparecen instituciones también privadas, que
realizan las mismas funciones básicas que llevan a cabo los bancos comerciales,
pero que eluden la regulación con el simple hecho de cambiar la razón social de
su giro comercial: SOFIPO, SOCAP, SOFINCO, Cajas populares de ahorro, etc., son
organismos que de pronto aparecen y operan bajo un sistema perverso en el cual
simplemente al conformarse como sociedades mercantiles o financieras, eluden la
regulación que en la materia llevan a cabo las autoridades gubernamentales, es
por ello que ofrecen intereses muy superiores a los que ofrecen los bancos
tradicionales y además otorgan préstamos con mínimos requerimientos. Esto trae
como resultado un enriquecimiento casi instantáneo de los dueños de esos
“bancos patitos” y ponen realmente en peligro a los ahorradores que hacen uso
de esas sociedades financieras. Tal es
caso de FICREA, que otorgaba un 4% de interés al ahorrador en comparación al 1%
que entregan los bancos comerciales, por lo que su éxito era sin duda rotundo.
Desde luego que los riesgos de quiebra son mayores, pero se resuelven ocultando
los riesgos del crédito indiscriminado. La historia es conocida por muchos:
FICREA de pronto se queda sin fondos, pues al parecer su fundador retiró todos
los fondos y huyó del país, dejando en la quiebra a muchos inversores y
ahorradores, aproximadamente a 5000 mexicanos que tenían relación comercial con
la caja popular de ahorro. El hecho que
causa molestia en el caso FICREA, no es la competencia desleal que estas
sociedades presentan a la banca comercial, tampoco el hecho mismo de fraude,
mucho menos la falta de vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, sino el hecho de que os ahorradores
de FICREA deban ser rescatados con recursos públicos como parte de los llamados
“rescates bancarios”, es decir, somos los contribuyentes quienes con nuestros
recursos debemos pagar el dinero que perdieron los ahorradores que optaron por
la salida fácil al buscar obtener dinero igual de fácil sin mencionar al dueño
de FICREA, quien simplemente se enriqueció salvajemente sin que hasta la fecha
haya pisado un solo día la prisión por el mega fraude que llevó a cabo. Molesta
también que los ahorradores de FICREA exijan en marchas la solución a su
problema por parte de gobierno cuando la decisión de tomar el riesgo fue
completamente suya. Desde luego que el gobierno respondió “endureciendo” las
reglas de estas “SUCIEDADES financieras” al establecer límites a los fondos de
inversiones de personas físicas y morales, pero esto no resuelve el problema,
sino que lo disfraza. Si la entidad recibe ahorros, paga intereses por los
mismos, realiza préstamos, estamos hablando de actividades de bancos comerciales comunes y corrientes, por
lo que estas sociedades deben ser sujetas de la mismas reglamentación y
normatividad en materia fiscal y financiera, pues de otro modo estamos hablando
de instancias que actúan fuera de la ley y que existen solo por alterar
conceptualmente sus nombres y apellidos, se trata de justicia social, no me
perece justo que los contribuyentes terminemos pagando la voracidad y
perversión de terceros.
