Es una simple palabra, pero resulta ser la esperanza
de una multitud que señalan fraude electoral, que sienten que el sistema
electoral local actuó en detrimento de todos ellos. Sienten cercana la
esperanza evocando lo sucedido en Colima hace dos años, y para ello esgrimen
una sarta de irregularidades en las cuales intentan demostrar la inequidad y la
falta de equilibrio en la contienda electoral del 4 de Junio pasado. Pero
Coahuila no se parece nada a Colima, son dos realidades bastante disímbolas,
aclarando con ello que no le resto en ningún momento importancia a las
acusaciones de la oposición transformada ahora en liga de la justicia bajo la
bandera de la dignidad. Hasta el momento el camino de la impugnación va dentro de
la jurisdicción de la justicia electoral local, pues por ley este el sendero
obligado a seguir, no obstante, el resultado del tribunal será el desecho de
pruebas y la validación del proceso electoral. Con toda seguridad veremos que
el camino de la impugnación entrará ahora bajo la jurisdicción de autoridades
federales en materia electoral, y es precisamente el TRIFE quien anuló los
comicios para gobernador en el Estado de Colima en 2015, por ello este tribunal
es la esperanza de los inconformes. Como señalé en principio, las causas de
nulidad presentadas ante en el TRIFE en el caso Colima son muy diferentes a las
presentadas en Coahuila, pues para el primer caso, la acusación más fuerte y
que fue determinante a juicio de las autoridades federales, fue la acusación y
COMPROBACIÓN de la intervención en la elección por parte del secretario de
Desarrollo Social del estado, Rigoberto Salazar Velasco, al admitir ante el
congreso local que es suya la voz en unos audios en los que ordena apoyar al candidato
priista. Aunado a esto, la diferencia de votos fue tan solo de 503, mientras que,
en Coahuila, luego del reconteo, fue de más de 30 mil votos. Por ello, Coahuila
y Colima NO SON IGUALES. Por su parte, la oposición en Coahuila aduce un rebase
del tope de gastos de campaña, no obstante, el único ente autorizado para señalar
la transgresión a este tope de gastos, es la Unidad de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, no un grupo de abogados de determinado partido
político, es decir, hasta que el INE señale que existe esta inconsistencia,
puede tomarse como prueba fehaciente y contundente y puede ser utilizada como
prueba ante el tribunal. A menos que la oposición cuente con información
oficial del INE, la acusación no procederá. No obstante, los opositores señalan
que su paquete de impugnación documenta 14 irregularidades, por lo que no pongo
en tela de juicio más que dos de las que ventilaron, la de tope de gastos y la
acusación de robo de urnas, esta última acusación, al menos con lo sucedido en
Ciudad Acuña, no puede imputársele a ningún partido, sino que fue un hecho
aislado y no determinante, pues de las 14 casillas ubicadas en la escuela donde
sucedió el incidente, solo se sustrajeron dos, por lo que no es una situación determinante
para el resultado de la elección.
No minimizo en ningún momento las acusaciones de la
oposición, solo las contextualizo, no pongo en entredicho la posibilidad de una
nulidad del actual proceso, solo digo que la posibilidad es muy remota. No doy
por muertas las acusaciones de los abogados panistas, solo que no han dejado
ver las 14 pruebas documentadas que presentaron. La nulidad no es un camino
sencillo, y el que se haya presentado en otras latitudes no es garantía de que
aquí se vaya a presentar. Por lo pronto, la historia aún no termina. Falta un
largo trecho.
