La fiesta democrática está por
iniciar, el desgastante proceso electoral toca su parte final con la Jornada
Electoral, es tiempo de renovar nuestro ejecutivo estatal, el congreso local y
los 38 ayuntamientos de nuestro Estado. Este proceso tiene dos peculiaridades
bastante trascendentes, pues estrenamos doble legislación electoral. La primera
peculiaridad, estriba en que por primera vez es el Instituto Nacional Electoral
quien se encarga del proceso de integración de mesas directivas de casilla
arrebatándole al instituto local, quien también es producto de la reforma
política, dicha atribución. En segundo término, los 38 ayuntamientos solo serán
renovados por el lapso de un año, según lo mandata la legislación local
electoral, por lo que el próximo año deberemos elegir nuevamente a los 38
alcaldes de nuestra entidad, pero no solo se trata de la complejidad de nuestro
sistema político electoral, sino de los motivos por los cuales los ciudadanos
debemos acudir al llamado a las urnas este Domingo 4 de Junio. Y estos motivos
podemos ubicarlos en dos grandes dimensiones: la dimensión cívica y la
dimensión económica. Sobre la segunda, es propicio mencionar que este proceso
electoral tiene un costo para los coahuilenses de casi $403 millones de pesos,
es decir, un incremento del 54% con respecto a la elección anterior, por lo que
dichos comicios, nos cuestan a cada elector la cantidad de $196 pesos
aproximadamente. Desde esta perspectiva, el costo beneficio debe ser
proporcional al nivel de participación y cada boleta debe ser utilizada para evitar
el despilfarro de recursos. Por el simple hecho de no desperdiciar recursos,
sin tomar en cuenta los 174 millones de pesos que se gastaron los partidos de
recursos públicos en su promoción en este proceso electoral, es que debemos
asistir a sufragar. Finalmente, la dimensión cívica es la más importante, pues
se basa en la existencia de una prerrogativa que nos da el derecho a los ciudadanos
de elegir a las personas que dirigirán el destino de nuestros municipios y
Estado, además de ser una obligación, es la oportunidad de premiar o castigar
el desempeño gubernamental tanto de un partido como de un candidato. La apatía
y la indiferencia y sus consecuencias quedaron de manifiesto la pasada elección
para gobernador en 2011, pues por el candidato ganador votaron 677,530
coahuilenses, mientras que en la lista nominal aparecían 1, 947,836 votantes
coahuilenses. De esta última cifra, solamente votó el 60% del padrón de dicha
lista nominal, por lo que según las autoridades la elección estuvo legitimada
puesto que la mayoría sufragó. Sin embargo, sólo un 34% del 60% votó por el
candidato ganador, mientras que el restante 26% lo hizo por los demás partidos.
Ello significa que sólo el 34% de los coahuilenses decidieron el destino
político, social, económico, cultural, etc., del resto de los habitantes de
Coahuila. En palabras más coloquiales: si le elección del gobernador dependiera
de la decisión de 10 coahuilenses, exclusivamente tres decidirían por los siete
restantes. Por ello la importancia de nuestra participación, pero la misma debe
ser razonada, es decir, antes de elegir, debemos analizar dos cuestiones
nodales: los antecedentes de los candidatos y sus propuestas, lo que significa
no votar de manera emocional, sino racional. Las propuestas deben ser
factibles, asequibles y bien fundamentadas, no solo populistas, mientras que la
honradez y la ausencia de escándalos deben ser parte fundamental de la solidez
moral de los candidatos. En fin, las razones para votar son contundentes, la
necesidad de razonar el voto es insoslayable, en nuestras manos está el destino
de nuestro Estado y municipios.
