No son los únicos, de eso podemos estar seguros, no son solo tres, se trata
de una piara completa de cerdos que han abusado del poder desviando recursos públicos
en beneficio propio, negociando con el crimen organizado, censurando y reprimiendo
a periodistas o a cualquier disidente, y ahora, estos tres ejemplares buscan
protegerse adelantándose a la puesta en marcha del Sistema Nacional
Anticorrupción nombrando a los fiscales anticorrupción en sus Estados, de modo
que sean amigos y no los investiguen o intenten castigarlos una vez que ya estén
fuera del poder. Se trata de los actuales gobernadores que ya están a punto de
dejar sus puestos en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Y es que en vísperas de
la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, Javier Duarte, Roberto
Borge y César Duarte, gobernadores respectivos de Veracruz, Quintana Roo y
Chihuahua, acusados seriamente tanto de desvío de recursos como de asesinatos,
al menos en el caso de Javier Duarte, han intentado blindarse contra cualquier
acto legal que pudiera establecerse en su contra luego de abandonar el poder,
mediante la promulgación de sus respectivos sistemas locales anticorrupción, lo
que incluye también el nombramiento del respectivo fiscal en la materia. Y es
que casos como estos nos recuerdan el de la llamada “casa blanca”, en donde el
ex titular de la función pública, Virgilio Andrade, tuvo la encomienda de
investigar a su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, dando como resultado la
exoneración del presidente en tan sonado caso. No podía ser de otra manera.
La intención de estos tres señalados de prácticas deshonestas y polutas,
han provocado que la PGR interponga una acción de inconstitucionalidad ate la
SCJN en contra de estos tres gobernadores que intentan violentar el
procedimiento constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, mediante
esta sana división de poderes, toca a la Suprema Corte resolver el recurso que
a todas luces es apropiado y bien fundamentado y que busca evitar el blindaje
de estos conculcadores del Estado de Derecho. Lo extraño en este caso, es que
la PGR en funciones bajo un gobierno priista busca dejar sin defensa a
gobernadores del mismo partido, es decir, sería el primer caso en que un
gobierno federal actuaría en contra de tres gobiernos locales del mismo
partido. Situación que, sin embargo, no debiera llamar la atención, ya que en teoría,
el presidente de la republica abandona sus filias partidistas y toma la bandera
del interés común de los mexicanos en su proceder. Esa es la esencia del
funcionamiento de un sistema de partidos dentro de una república. ¿Será acaso
que por fin nuestra república esta funcionado como debiera? ¿O se trata de otro
espectáculo más en el cual subyace la famosa frase “todo cambia para seguir
igual”? De lo que si estamos seguros, es que la SCJN tiene la obligación de
echar atrás las perniciosas iniciativas legales en los tres estados en mención,
y permitir que los nuevos gobiernos llamen a
cuentas a quienes lastimaron a la sociedad mediante el mal uso del
patrimonio público o atropellando derechos civiles. La oportunidad de demostrar
que este país va por buen camino dependerá del final de esta sucia historia.
