Es cierto lo que se menciona en muchos y variados lugares: “La reforma educativa
es una reforma laboral”, y es preciso aclararlo, es cierto, pero solo hasta
cierto punto. En la reforma original no venían modificaciones a los planes y
programas académicos, pero si venía contemplada la evaluación de los docentes.
La idea de crear un instituto nacional de evaluación para la educación es un
fuerte pilar académico, pero también arrancarle la privatización de la
educación a los sindicatos al quitarles privilegios como heredar las plazas y
cobrar sin trabajar era también necesario e imprescindible. Y con todo el respeto que los docentes se
merecen, pero el gobierno no tenía por qué consultarlos para intentar negociar
la aplicación de exámenes de permanencia o simplemente para eliminar a tanto
aviador que solo existen para exprimir el erario público y que se amparaban en
las dichosas “comisiones”. Por el contrario, con la reciente presentación del
Modelo Educativo 2016 el gobierno y las autoridades educativas han emplazado a
docentes y expertos a mesas de foros, análisis y propuestas para echar a andar
este nuevo enfoque educativo. Es decir, para preparar la puesta en marcha de la
reforma educativa ahora si en pleno ejercicio académico, misma que piensa
implementarse a partir del 2018. Es decir, para todos aquellos que arremetían
contra la reforma al considerarla no educativa, las circunstancias por fin han
dejado ver que toda reforma de calado constitucional es progresiva y paulatina.
Y ahora sí, es justamente aquí donde el gobierno debe escuchar las propuestas
de los docentes a través de los consejos técnicos y de la sociedad en general a
través del portal que administrara el prestigiado CIDE.
Los planteamientos de este nuevo modelo educativo son acordes a nuestra
realidad y son eminentemente académicos y van desde modificar contenidos
curriculares que comprendan actividades que promuevan el desarrollo personal y
social de alumnos, hasta aquellos que regulen las emociones y valores para la
formación de ciudadanos en sana convivencia. Además, el modelo apunta sus
objetivos hacia el pensamiento crítico y reflexivo y el funcionamiento adecuado
de escuelas. Si estos objetivos no son académicos, no entiendo entonces qué es
lo que los docentes disidentes entienden por una reforma educativa. A menos que
para ellos reforma signifique perder privilegios como cobrar sin trabajar o
privatizar la educación pública, entiendo su molestia y oposición a una
iniciativa que más que apropiada y necesaria, es ya urgente en el anacrónico e
inveterado sistema educativo que actualmente tenemos. Los docentes ahora si
serán tomados en cuenta, en dónde debe ser, en la cuestión académica, ahora es
tiempo de que aquellos que nos dedicamos a la educación confeccionemos las
propuestas que desde nuestros contextos particulares sean pragmáticas y aporten
a la construcción de la nueva sociedad que requerimos para enfrentar los retos
de un mundo globalizado y altamente competitivo.
