Resuenan sin duda los ecos de lo sucedido en 2006 en Oaxaca, cuando el
gobierno federal del entonces presidente Vicente Fox a través de fuerzas
federales enfrenta al magisterio que, uniéndose a otras asociaciones,
conformaban la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Los resultados
fueron desde luego fatídicos y dejaron ver que el gremio magisterial en aquel
Estado jamás permitiría romper los acuerdos de 1986, cuando el gobierno de
Heladio Ramírez López respaldo la iniciativa magisterial de no obedecer los designios
de la SEP y ser la misma sección 22 la que tomara las riendas de la educación
en el estado oaxaqueño. Esa irreverencia hacia las autoridades federales quedo
arraigada desde entonces y el conflicto de 2006 fue el claro ejemplo de que los
maestros de Oaxaca no cederían jamás los privilegios con los cuales contaban.
Por ello nada bueno podía esperarse cuando en virtud de la hoja de ruta
señalada por la reforma educativa del actual gobierno, la federación en 2015
decreta la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
para con ello asumir el control de las políticas educativas de aquel Estado.
La reacción de la CNTE hacia la reforma y sus implicaciones, que por cierto
son loables estas últimas, se ha manifestado en días anteriores con resultados
fatídicos. El detalle es que las redes sociales han victimizado a los maestros
y han puesto al gobierno federal como el ogro de esta lúgubre historia. Sin
embargo, la realidad debe ser puesta en el contexto adecuado, pues ciertamente
la reforma planeta ciertas directrices que sencillamente acaban con la
privatización de la educación en aquellos pueblos que resultan ser los más
pobres de México. Para empezar, los maestros se niegan a ser evaluados, cuando
la evaluación es indispensable para ofrecer educación de calidad en un Estado
en que la pobreza producto de la falta de educación es bastante pronunciada. Así
mismo, al tomar el control de la nómina magisterial, la federación se asegura
de que estos docentes cumplan con su asistencia a sus centros de trabajo, pues
resultaba absurdo que estos docentes se la pasaran semanas en diversos
plantones exigiendo que las plazas laborales fueran de su propiedad
privatizando espacios públicos; y al mismo tiempo recibiendo sus quincenas completas.
Todo esto con la venia de gobiernos estatales sometidos por el magisterio. Por
ello y muchas razones más, los maestros han reaccionado con violencia, pues se
niegan a que la educación sea pública en su Estado, debido a que muchos años la
educación ha sido privatizada por el gremio magisterial.
Las resistencias a la reforma educativa en aquellos lares han dejado
millones de pesos de perdidas, han lastimado la economía de un Estado de por sí
hundido en la pobreza, han humillado a docentes que sí quieren impartir clases -en
lugar de ir a manifestaciones que afectan el interés colectivo- al raparlos en
público. Han dejado sin clases a miles de niños que requieren con urgencia
educación, han mancillado el Estado de Derecho al no obedecer el mandato
constitucional recién aprobado. Y ante este escenario, el gobierno federal no
puede ni debe ceder ante los chantajes y violencia de grupos radicales que se
niegan a perder privilegios. El estado tiene el mandato constitucional del
monopolio del uso de la fuerza, pero no por ello debe excederse en su uso, sin
embargo, cuando el diálogo se termina, el Estado debe hacer uso de ese
privilegio que le encomienda la constitución, en aras del bien común.
