La polémica sigue viento en popa, el escándalo parece crecer de manera
inexorable en una lluvia de reconvenciones y diatribas en contra del gobierno
federal por la adquisición del nuevo avión presidencial valuado en 127 millones
de dólares, más 32 millones extras en adecuaciones que se solicitaron a la
empresa armadora que vendió el avión. El total en pesos mexicanos asciende a
más de 2,500 millones. Desde luego que es una cifra estratosférica y causa
indignación en una sociedad con más de 60 millones de personas en brazos de la
pobreza.
No obstante, la indignación y sobre todo la reprobación social sobre
cualquier adquisición de cualquiera de los tres órdenes de gobierno deben estar
sólidamente fundamentadas, es decir, no solo se trata de criticar y denostar
por el sólo hecho de asestar golpes al gobierno cada vez que la ocasión sea
propicia, sino de contar con los elementos que nos permitan cuestionar actos
que en verdad sean poco sustanciales para los objetivos primigenio de cualquier
gobierno.
Para empezar, el artículo 89 de nuestra constitución, señala que entre las
facultades y obligaciones del presidente se encuentra: “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales […]”.
Para ello, el presidente requiere de un transporte aéreo que le permita cumplir
con los compromisos derivados de la política exterior. Es decir, es una
obligación el que tenga que realizar viajes hacia el extranjero. Por otra
parte, el antiguo avión, llamado honrosamente “presidente Juárez”, ha
transportado mandatarios desde 1987, a la vez que ya había presentado fallas
técnicas y operativas en recientes viajes al extranjero del actual presidente,
además de que su capacidad de vuelo es de solo 12 horas, lo que lo obligaba a
realizar escalas frecuentes. La necesidad de un avión nuevo era ya imperativa. No
se trata de un capricho. Las bondades que ofrece el nuevo aparato adquirido por
la presidencia observan particularidades que lo vuelven más que un gasto, una
inversión: puede volar sin aterrizar durante 20 horas, está diseñado para
transportar a entre 217 y 323 pasajeros consume menos combustible que otros
aviones de su tamaño y forma parte de las flotas de algunas de las aerolíneas
más importantes del mundo.
Quizá lo cuestionable son los 32 millones de dólares extras que se erogaron
para adecuaciones extras, como por ejemplo el espacio especial para el descanso
del presidente, sin embargo, el gasto restante, los 127 millones están
plenamente justificados y si no sucede una tragedia, dicho avión transportara a
los siguientes mandatarios durante 30 años o más. Finalmente, no es un gasto que se realice en
una sola exhibición, sino que se pagara en plazos hasta el año 2027.
Gastos superfluos: la estela de Luz en 2010 con un costo de más de mil
millones de pesos, los gastos en publicidad del presidente Peña en sus últimos
dos años ascendieron a más de 10 mil millones de pesos, superando a Fox y a
Calderón. La pasada elección de 2015 tuvo un costo de más de 5 mil millones de
pesos. La lista sigue, gastos innecesarios hay muchos, pero un avión
presidencial, lejos de ser un despilfarro, es una inversión benéfica no para el
presidente, sino para el Estado mexicano.
