Preocupa bastante la permisividad, pasividad y ligereza con que muchas
personas perciben y opinan sobre actos de corrupción de diversos políticos. Y
es que las muestras de apoyo al ex gobernador coahuilense, Humberto Moreira,
quien ha sido detenido en España por delitos de lavado de dinero y otras
similares imputaciones, resultan fuera de lugar y hasta contradictorias en un
Estado que se encuentra entre los más endeudados del país y que dicho
endeudamiento no se reflejó nunca en mejora de la calidad de vida de los
coahuilenses o en reducción de índices de pobreza, sino todo lo contrario, pues
según el último informe de la CONEVAL, a
la pobreza extrema se sumaron 11 mil coahuilenses de manera reciente. Peor aún,
cuando dicho endeudamiento y su ejercicio solo puede comprobarse de manera
parcial, denotando con ello posibles actos de corrupción, el endeudamiento se
vuelve entonces injustificable y la defensa de quienes hicieron uso del mismo
se vuelve también vacía y estéril.
Entiendo que los allegados y simpatizantes priístas defiendan la poca
probable inocencia del ex mandatario en el terrible desfalco al erario de los
coahuilenses, pues esas filias son siempre irracionales, subjetivas y motivadas
por ceguera intencional llamada “vista gorda”. Pero lo que si resulta irónico y
patético es ver a personas no allegadas que
defienden a capa y espada y hasta justifican los actos de corrupción: “dicen que robó, es algo que no me consta, y
si lo hizo, fue para hacer muchas obras”, comenta una señora entrevistada
por un canal local. Esa actitud me hace
recordar a Hilario Ramírez, “Layin”, alcalde de San Blas, Nayarit, quien acepto
haber saqueado el erario público, pero de manera mesurada, “solo le di una rasuradita”, afirmo Layin,
ante los aplausos y permisividad de los habitantes de aquél municipio.
No se trata de simples coincidencias, se trata, principalmente, de
ignorancia ciudadana, que no alcanzan a comprender la gravedad de delitos como
el peculado, el tráfico de influencias, el nepotismo, el cohecho, etc.,
que son flagelos que lastiman de manera
directa a la sociedad en su conjunto. Además de que siembran el pernicioso
precedente de que seguirá sucediendo a sabiendas de que la ciudadanía es pasiva
y tolera los actos de corrupción siempre y cuando el imputado sea “buenazo” o “raza”
con los gobernados. Aquí existe un hecho ineludible e impostergable: alguien
contrato ilegalmente más de 18 mil millones de pesos sin la autorización del
congreso, falsificando documentos y ese mismo dinero simplemente no aparece por
ningún lado. Y, lamentablemente, la cabeza de quien dirigía el gobierno en ese
momento, es quien debe explicar la misteriosa desaparición y la falsificación
de documentos y no alegar de manera patética desconocimiento o tratar de culpar a alguien más.
Resulta triste que nuevamente, tenga que ser en otros países en donde se
aplique la ley que en éste simplemente no puede funcionar, pero más triste y
lamentable, es encontrar a personas que defiendan la corrupción y la opacidad,
aunque estén hundidos en la miseria y condenados por generaciones a pagar una
deuda contratada por pusilánimes irresponsables que actúan con un gran
cómplice: la pasividad y permisividad de los ciudadanos. Triste y lamentable.