Cierto estoy de que el nepotismo es un lugar común en casi todas las
administraciones públicas de nuestro país, sin importar el ámbito de gobierno.
Sin embargo, hay una frase que dice: “Mal de muchos no es consuelo de nadie”. Y
es que el reciente informe de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila,
deja en evidencia esta terrible práctica y sobre todo saca a la luz a
autoridades corruptas que no solo han metido a su familia a cobrar dentro de la
nómina municipal, sino que al mismo tiempo han quebrantado disposiciones
legales dejando de lado normatividad precisa sobre su proceder.
El reciente informe titulado: “Conflicto
de Intereses por Razón de Parentesco en las Relaciones Laborales de la
Administración Pública de los Municipios” elaborado por la ASE, deje en
evidencia los siguientes datos: 30 de los 38 municipios de Coahuila, tienen en
sus nóminas a parientes de alcaldes y
funcionarios, los indiciados son los siguientes: Acuña, Allende, Arteaga,
Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Madero, Frontera, General Cepeda,
Guerrero, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Morelos, Múzquiz, Nadadores,
Nava, Ocampo, Progreso, Ramos Arizpe, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura,
San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Villa Unión y Zaragoza.
No conforme con eso, algunos alcaldes y la alcaldesa de Nava, han aplicado
la Ley de Herodes a sus respectivos pueblos no solo al meter a laborar
parientes a la administración pública, sino que también han violentado la Ley
de Asistencia Social y Protección de Derechos de Coahuila, que señala
puntualmente que los cargos de la presidencia del DIF serán honorarios, y
contrario a ello, 30 municipios pagan sueldo a las presidentas del DIF en el
orden de los nueve millones de pesos tan solo en 2014. Para el caso de NAVA, la
madre de la alcaldesa se embolso en 2014 más de 400 mil pesos, o en otras
palabras, más de 30 mil pesos mensuales. En la misma región, el municipio de
Morelos también paga a su primera dama 418 mil pesos anuales. Sueldos que
además de ofensivos, resultan ILEGALES.
Esta práctica también violenta el artículo 267 del Código Financiero para
los Municipios del Estado, en donde se señala que tratándose de aumento o
creación de nuevos programas, partidas o conceptos al presupuesto deberá
agregarse la justificación del ingreso o cancelación de programas, si con ello
se altera el equilibrio presupuestal. Pero me parece que el equilibrio
presupuestal no se altera en lo absoluto, pues si ello sucede, para eso se
puede contratar deuda, al fin y al cabo, están aquellos indefensos ciudadanos
que con sus impuestos pueden financiar nepotismo e ilegalidad.
Sorprende que municipios como el de Villa Unión pague a sus primera dama la
cantidad de 335 mil pesos anuales, mientras que Piedras Negras eroga la
cantidad de 309 mil, respectivamente, siendo municipios bastante disímbolos en
cuanto a captación de recursos, parece que el alcalde Ezequiel Fuentes olvido
la humildad repentinamente, así como Gabriela Fernández olvido aquello de
“estoy lista para transformar a Nava”. Alcaldes
que son los primeros en violar la ley y esperan que con su ejemplo los ciudadanos
respetemos el Estado de Derecho, nada más incongruente. Nepotismo e ilegalidad
caracterizan a la mayoría de los alcaldes coahuilenses. Pero como dice el viejo
adagio: “Cada pueblo tiene el gobierno que merece”.
