Los uniformes son característicos tanto de profesiones como de oficios,
ello nos permite identificar a las personas con relación a su función, desde un
mandil que identifica a un trabajador de una tienda de conveniencia, hasta un policía
que aunque representa al estado y en el reside autoridad, debe portar un
uniforme que lo caracterice y distinga del resto de los ciudadanos. De igual
manera, los altos funcionarios también portan atuendos que los diferencian y
les otorgan estatus, aunque éste último debe radicar sin duda en la investidura
institucional que representan, no así en el costo monetario del uniforme que
usen. A menos que se trata del atuendo oficial de un ministro de la Suprema
Corte de la Nación. Y es que según
información de la Secretaría General de la Presidencia de la SCJN, cada
ministro porta dos tipos de togas, una para sus sesiones en el pleno del
tribunal, y otra para cuando sesionan en la sede alterna del tribunal
constitucional, ubicada al sur de la Ciudad de México. Pues bien, el detalle se
encuentra en el costo de dichos atuendos que nos cuestan a los mexicanos y que
pagamos con nuestros impuestos.
Y es que las togas de los once ministros, tiene un costo al erario de
aproximadamente 17 mil pesos cada una de ellas. Los ministros tienen acceso a
tres togas que ya multiplicadas por los once, tienen un costo de más de 500 mil
pesos. Y teniendo en cuenta el periodo que comprende de 2010 a la fecha, se ha ejercido un total de 21
millones 355 mil 706 pesos en la compra de atuendo de seda fina para el trabajo
de los once ministros de la SCJN.
El trabajo de los ministros de la SCJN es demasiado importante, pues son
los guardianes de nuestro máximo orden
legal: la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese
sentido, su quehacer es fundamental y axial para el funcionamiento de nuestro
sistema republicano basado en la división de poderes y en la teoría de los
pesos y contrapesos. Sin embargo, su trascendencia institucional no justifica
ni los inmensos sueldos de los ministros, ni mucho menos los finos y carísimos atuendos
que los visten para cada una de las sesiones que llevan a cabo. Mucho menos en
un país con más de la mitad de sus ciudadanos hundidos en la pobreza y todavía menos
cuando se supone trabajamos ahora con presupuestos base cero, es decir, en los
cuales podemos eliminar partidas que carecen de sentido y que resultan
ofensivas para el grueso de los mexicanos, tal cual sucede con las suntuosas
togas que usan los ministros para sus labores.
Que lejos estamos del pensamiento de quien un día fuera el titular de la “escandalosa”
SCJN: Benito Juárez, quien afirmaba: “[…] los
funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No
pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las
leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación,
sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada
medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.
