En su cuarto informe de gobierno, y ante cuestionamientos de la bancada
panista, el gobernador coahuilense, Rubén Moreira, se atrevió sin duda a
espetar una pifia que le ha resultado bastante cara: acuso a la administración federal del sexenio pasado de no percatarse
de la contratación de la mega deuda de 36,000 millones de pesos contratada por
el ex gobernador Humberto Moreira, por lo que ellos (el anterior gobierno de
Felipe Calderón) son los responsables del endeudamiento que hoy tenemos que
pagar todos los coahuilenses.
Desde luego que dicha aseveración tiene varias interpretaciones, para
empezar, deja ver el poco o nulo conocimiento que el mandatario posee sobre
atribuciones en materia de fiscalización, auditoria y vigilancia del gobierno
federal en temas relacionados con los gastos y endeudamientos de las entidades
federativas. Y es que la Secretaria de Hacienda no tiene jurisdicción alguna y
por ende tampoco tiene responsabilidad ni en la autorización ni mucho menos en
la contratación de deuda de los Estados en nuestro país, pues ciertamente esa
labor le corresponde a los congresos locales. La SHCP tiene injerencia solo a
solicitud de cada estado para que de las participaciones federales que les
corresponden les descuenten montos para pagos de créditos contratados, y para
ese entonces, ya es demasiado tarde. Así mismo, el gobernador demuestra también
la evasión de responsabilidad por acciones que indirectamente le atañen, pues
fue su hermano y su mismo partido ya en el gobierno quienes ejecutaron dichos
recursos de los cuales más de la mitad, 18,000 millones de pesos, aún no han
podido ser comprobados ni tampoco se sabe en donde se encuentran o a donde se
destinaron y que hace que hasta la fecha, cada habitante de Coahuila, incluidos
los bebes recién nacidos, tengamos un adeudo de más de 13 mil pesos cada uno.
No es un asunto menor, es un terrible caso de corrupción.
Finalmente, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en la
presentación del Índice de Información Presupuestal 2015, señalo que la SHCP no
tuvo responsabilidad alguna en la contratación ilegal de la deuda efectuada por
la administración estatal anterior.
Me parece que más allá de buscar responsables que no actuaron en su
momento, los esfuerzos deben destinarse a encontrar a los culpables del
terrible desfalco en perjuicio del erario y someterlos al imperio de la ley,
caiga quien caiga, pues el tema deja de ser judicial al politizarlo tratando de
encontrar culpables por omisión cuando definitivamente los culpables tiene
nombre y apellido. Otro aspecto importante, es seguir de cerca y abogar por la implementación
de la reforma a la Ley de disciplina financiera, para que mediante ella la SHCP
obtenga mayores facultades que le permitan incidir directamente en los estados
y prevenir este tipo de endeudamientos que terminan en desvíos inconmensurables
de recursos públicos en beneficios de unos cuantos.
