Por si ya se olvidó, el 30 de Junio de 2014, una patrulla con militares
supuestamente enfrentó a un grupo de Sicarios en la comunidad de Tlatlaya,
Estado de México, el resultado: 22 civiles muertos, según reportes del
ejército, todos narcotraficantes pertenecientes a la llamada Familia
Michoacana. Desde luego que lo extraño
es que solo hubiera bajas civiles, por lo que el caso resultaba sospechoso. De ahí
comenzaron investigaciones y con el apoyo de mujeres sobrevivientes a dicho
enfrentamiento, se fortaleció la tesis de las ejecuciones extrajudiciales
llevadas a cabo por el ejército mexicano.
No resulta quizá sorprendente para propios y extraños hablar de actos
ignominiosos cometidos por las mismas autoridades, el ejército ha cometido
cientos de atrocidades en su combate contra la delincuencia, a grado tal, que
los ciudadanos nos invade el temor cada vez que nos acercamos a un retén
militar o nos topamos con algún convoy de sujetos armados pertenecientes a
cuerpos de seguridad de cualquier nivel de gobierno. Y es que las versiones
tanto de la PGR como de la CNHD jamás coincidieron en ese caso en particular,
pues una vez comprobado que efectivamente militares ejecutaron a civiles
desarmados, la fuente gubernamental oficial aseguraba que los masacrados eran
8, mientras que la CNDH señalaba que eran 15, por otra parte, los militares que realizaron
las ejecuciones fueron tres, según la PGR, mientras que la CNDH mencionó que
fueron 8. Estas y muchas más divergencias entre los dos informes demuestran
claramente la intención del gobierno de, en primer lugar, ocultar los hechos en
su totalidad, y cuando ya no se podía ocultar la realidad, tratar de minimizar
los hechos.
Ejecuciones extrajudiciales perpetradas por cuerpos de seguridad pública
(EJÉRCITO MEXICANO), gobiernos que tratan de esconder la verdad (PJGEM), y
autoridades que tratan de minimizar los hechos (PGR). Todo este coctel
ignominioso y deleznable parece poca cosa cuando, finalmente, nos enteramos que
uno de los candidatos propuestos por el Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, para ocupar un puesto como ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, es precisamente quien durante la masacre se dedicó a negar los
hechos y a defender la versión del enfrentamiento ocultando la verdad, se trata
de Alejandro Jaime Sánchez, quien era titular de la PGJEM.
La verdadera ignominia radica en premiar la ineficiencia, en premiar a un
funcionario que trato de encubrir información importante sobre lo sucedido en
Tlatlaya, y lamentablemente, estos casos sientan precedentes que después son
utilizados en otros escenarios similares. Ciertamente es una lástima que para
ser postulado a un cargo tan importante como ministro de la SCJN, el requisito
sea defender cualquier acto de las autoridades, por más ignominioso que este
sea.
