Sin duda es un logro, un avance significativo y necesario en el combate a
la corrupción y la opacidad, siendo el primero uno de los males más perniciosos
e inveterados que existen en nuestro país. La reciente aprobación de la nueva
Ley General de Transparencia es un paso más en el perfeccionamiento de esta
medida que sin duda ha encontrado una serie de obstáculos que han impedido su óptimo
despliegue e implementación para beneficio de todos los mexicanos.
Y a reserva de las bondades que la misma trae consigo y que no quiero dejar
de mencionar, entre las cuales destacan: apertura de la información de
sindicatos, partidos políticos, legisladores, órganos autónomos del Estado y
cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos. Y es
que desde la aprobación de la Ley Federal de Transparencia en el año 2000, los
sindicatos y partidos políticos habían quedado al margen de los alcances de
dicha ley, mismos que al parecer ahora serán sujetos obligados.
Sin embargo, me parece que más que celebrar la promulgación de la Ley por
parte del Presidente Peña Nieto, es el mismísimo presidente y su gabinete quienes
deben poner el ejemplo remendando la terrible opacidad y omisión de información
en que cayeron en Enero de 2013, cuando presentaron en público sus respectivas
declaraciones patrimoniales que sin duda dejaron más dudas que certezas, pues
en ese entonces, el presidente declaró ser propietario de nueve inmuebles, pero
no nos dijo en dónde se encuentran y cuanto le costaron, declaró cuatro casas,
cuatro terrenos y un departamento, inversiones en acciones y obras de arte. El detalle,
es que no menciono ni el valor de las obras, ni el precio de los terrenos ni
mucho menos en dónde tiene invertidas sus acciones, es decir, el nombre de la
empresa o empresas ni el porcentaje de acciones.
También el Secretario de Agricultura, el exgobernador coahuilense, Enrique
Martínez, declaró que invierte en más de 50 empresas privadas, pero no nos dijo
¿qué empresas son? Ni tampoco si están vinculadas al sector agropecuario, lo
cual lo colocaría en un serio conflicto de intereses.
En síntesis, información inservible, sesgada, acotada, utilizada y
presentada a modo, tan solo para cumplir formalismos, información que denotaba
ausencia de leyes pragmáticas que realmente incidieran en la transparencia y
rendición de cuentas.
Si realmente el presidente se vanagloria de la promulgación de la nueva
ley, que a mi juicio es progresista y de avanzada, que sea el primero en volverla efectiva y nos
aclara y disipe las terribles dudas con las que nos dejó desde hace más de dos
años y no tener que enterarnos de la realidad a través de noticias escandalosas
que solo lastiman la imagen institucional de la presidencia y del sector
público en general y abonan al descontento ciudadano que se traduce en apatía,
pues se trata de generar certezas, no de propiciar dudas, que la nueva Ley se
exitosa dependerá de la disposición de las autoridades y de su compromiso para
con la sociedad que representan y gobiernan.
