Finalmente tenía que suceder, ante la caída de los precios del petróleo que
suponen ser parte importante de los ingresos fiscales de nuestro país, el
gobierno tenía que escoger únicamente entre dos alternativas: recorte de gastos
o endeudamiento para continuar con el gasto programado.
La última alternativa siempre fue la opción aplicada por los gobierno
priístas de los años setentas ochentas y noventas, lo que trajo como resultado no solo el aumento
de la deuda, sino también de la corrupción, todo bajo aquella célebre consigna
de “gastar para crecer” lo que trajo como resultado a la larga la aparición de
nuevos impuestos y el aumento de los existentes para pagar compromisos de deuda
gubernamental. Por otra parte, el
recorte de gasto siempre ha sido una medida muy poco popular, pues en términos coloquiales
significa apretarse el cinturón en nombre de la austeridad al dejar de gastar
en rubros que quizá no son tan imprescindibles como lo es el desarrollo social
o la seguridad pública. A final de cuentas, un gobierno que preste a llamarse
inteligente, responsable y socialmente comprometido, debe adoptar la política
del llamado “tijerazo”, es decir, recorte de gasto público.
Esta es hasta el momento la medida que está impulsando el gobierno de Peña
Nieto, al hacer recortes de 124,300 millones de pesos, es decir, un 2.65 por
ciento del presupuesto total de 4 billones 694 mil 677 millones de pesos
programados en gasto para este 2015.
Sin embargo, el problema de este recorte, es que la mayor parte del mismo
recaerá en PEMEX y CFE, al recortar gasto de 52 mil millones de pesos en la
primera empresa y 10 mil millones en la segunda, pero no es el recorte en sí
mismo el problema del ajuste, sino que se castiga a la empresa pública más
productiva de México y de la cual depende gran parte de los ingresos del mismo
gobierno, además de que en ambos casos, no se combate el problema del exceso de
personal y la inmensa carga burocrática que a la vez gozan de privilegios que
sangran terriblemente a dichas empresas y que ninguna compañía privada que se
preste a llamarse rentable podría sostener al regalar tremendas prerrogativas a
sus trabajadores. Es decir, el actual recorte en dichas empresas no supondrá un
alivio para las finanzas públicas, toda vez que resulta ser una medida temporal
en vez de atacar el problema del exceso de personal y los privilegios de los
cuales gozan que no tienen razón de ser en empresas netamente productivas.
Además, a final de cuentas, en el caso de CFE, para recuperar ese recorte
terminarán sangrando los bolsillos de los ciudadanos con altos cobros de luz
para poder resarcir ese tijerazo del cual han sido víctimas.
El gobierno, definitivamente, escogió el camino correcto, el problema, es
que está usando los medios menos apropiados y efectivos para avanzar por ese
camino que en un principio denotaba inteligencia y responsabilidad, pero que,
una vez aclarado el panorama, los hechos denotan todo lo contrario.
