¿Es realmente la solicitud de licencia para separarse temporalmente del
cargo de gobernador que ha solicitado Ángel Aguirre, una medida efectiva para
solucionar el caso de la crisis de los estudiantes desaparecidos en Iguala,
Guerrero?
¿Garantiza su separación agilidad en las investigaciones? ¿Es
imprescindible su separación para el esclarecimiento de los hechos y sienta el
precedente para que tragedias similares no vuelvan a suceder?
Me parece que dichos cuestionamientos tienen algo en común, y es la
respuesta negativa a dichas interrogantes. Para empezar, el mandatario es la
máxima autoridad representativa dentro de la entidad, por ello es natural que
la culpa de lo ocurrido con los normalistas se le endose de manera inexorable. Sin
embargo, a reserva de que pudiera estar o no implicado y hasta qué grado
alcance su responsabilidad en los terribles sucesos, su separación de ninguna
manera agiliza o agudiza las investigaciones y resolución de la crisis, pues
para empezar son autoridades federales quienes llevan a cabo dichas pesquisas. Por
lo cual su separación solo es una especie de “curita” que intenta contener una
hemorragia que puede devenir en desordenes sociales de mayor calado.
No se trata de renunciar para eludir responsabilidades, pues el gobernador
debe aguantar todas las diatribas e invectivas que reciba del pueblo y los
señalamientos de colusión con el crimen organizado y demostrar su supuesta
inocencia, y además, si de ineficiencia se trata, me parece entonces que no
solo el gobernador debe irse, sino que el Senado de la República debe decretar
la desaparición de poderes en el Estado por tratarse de un vacío de autoridad e
ingobernabilidad en aquella conflictiva región. Aunado a ello, su salida no
debe aliviar las penas de nadie ni tampoco generar tranquilidad en ningún
sentido, pues no se trata solo de remover individuos, sino de sacudir instituciones
viciadas y seducidas por la corrupción y el crimen organizado, pues ya lo
señalaba Francisco I. Madero de manera acertada: “Si bien los hombres son
perecederos, las instituciones en cambio, son inmortales”.
Y atendiendo a esa inmortalidad, no parece que la salida, remoción o
renuncia del gobernador sea la solución a los actos ignominiosos suscitados en
Iguala. Se trata entonces de una reorganización institucional que garantice
cuadros efectivos y con serios diques que frenen la corrupción, pues de lo
contrario pueden renunciar todos los gobernadores en cada tragedia, y a final
de cuentas, el resultado siempre será el mismo. Disiento de aquellos que por
atraer reflectores exigen la salida del gobernador, me parece que lo más
razonable es que se quede a enfrentar el problema de manera directa, pues para
eso fue electo gobernador, ni más ni menos.
