Nuevamente Amnistía Internacional vuelve a causar controversia con sus
acertados y profesionales estudios de investigación que solo ponen en evidencia
nuestra falencias estructurales como país, y es que en su más reciente informe
titulado: “Fuera de control: Tortura y
otros malos tratos en México”, muestra una realidad atroz que ciertamente
incomoda al gobierno, y que lastima la credibilidad de los cuerpos de
seguridad.
Y es que en la lucha contra la delincuencia, el gobierno se ha dedicado a
presentar números y números como sinónimo de eficacia contra el delito, es
decir, se ha dedicado a presumir la parte cuantitativa de su estrategia dejando
de lado la parte cualitativa y sin importar los daños colaterales, y en este
mismo sentido, resulta pernicioso el que en la tónica de presentar números de
detenidos, han optado por “sacrificar” a ciudadanos indefensos y hacerlos pasar
por delincuentes para con ello ofrecer resultados a una sociedad que exige
resultados ante el poder avasallante de la delincuencia organizada.
Los falsos positivos son denominados aquellos ciudadanos que son detenidos
sin ser culpables, y mediante tortura son obligados a firmar declaraciones inculpándose
de delitos que nunca cometieron, y en su informe, Amnistía Internacional da
cuenta de manera fidedigna de ese terrible atropello en contra de grupos
sociales desprotegidos.
Las deficiencias que detecta AI en su informe son contundentes: los jueces
ignoran las evidencias de que una detención es arbitraria, existe una
deficiencia terrible en la investigación, negación de acceso a la defensa de
los presuntos culpables a través de abogados distintos a los de oficio impuesto
por el Estado. Y todo ello a pesar de que México ha signado protocolos
internacionales para evitar confesiones a través de tortura y ante evidencias ostensibles
de dichas felonías, la PGR hace caso omiso y continúa con la presentación de
cargos en contra de los detenidos.
El informe da cuenta de manera puntual sobre varios casos de detenciones en
que se ha demostrado fehacientemente la inocencia y la tortura que sufrieron
algunos de los inculpados. Y al respecto, absolutamente nada se ha hecho más
que descalificar los informes de AI.
Definitivamente, el gobierno debe dejar de lado la parte cuantitativa de su
fallida estrategia contra la delincuencia y poner atención a este delicadísimo
tema, además de aceptar la responsabilidad de los casos de tortura y procesar a
los culpables de haberla cometido a la vez que modifica si estrategia en el
tema de la proximidad social, pues no hay nada más irónico que como ciudadanos
temer más a la propia autoridad que a los miembros del crimen organizado.
