Ciertamente es un tema demasiado delicado, el Estadounidense, Andrew
Tahmoressi, detenido por soldados y agentes aduanales mexicanos en la ciudad
fronteriza de Tijuana acusado de introducir ilegalmente armas alega que se
equivocó de camino y por error ingresó a México.
Fue detenido por portación de armas (Escopeta calibre 12, un rifle M6A2,
una pistola calibre .45 y 300 cartuchos) y acusado de introducirlas ilegalmente
a México. Pareciera ser un caso que no tiene mayor cuestionamiento, sin
embargo, no resulta poca cosa mencionar
algunos detalles que mucho inciden en la gravedad de dicho asunto de carácter
diplomático.
Para empezar, el detenido no es un ciudadano común, pues es un militar
veterano de la guerra de Afganistán, quien por cierto al verse amenazado por
los militares pidió ayuda al 911 pensando que se encontraba en Estados Unidos. Alega
que se dirigía a una fiesta, a la cual nunca llegó. Que fue engañado por
agentes aduanales quienes se ofrecieron a ayudarlo, mientras hacían tiempo para
que arribaran los militares.
Desde luego que las armas que portaba el militar yanqui no pueden ser
destinadas al contrabando, pues difícilmente los grupos criminales se abastecen
con tan pocas municiones y arsenal, no obstante, el solo hecho de portar armas
es un acto ilegal en nuestro país, aunque no por ello los grupos delictivos se
abstienen de portarlas y usarlas.
El militar ciertamente ha recibido todo el respaldo de las autoridades
estadounidenses, y a sabiendas del pésimo sistema judicial mexicano y de la
corrupción imperante en el mismo preparan la defensa del inculpado detenido en
flagrancia.
No obstante, hay varias interrogantes que rodean este delicado caso ¿Se
doblegara la autoridad mexicana ante la presión de los estadounidenses? Y si es
así, ¿Qué precedente se sentará si se deja libre al militar?, y lo más
importante, ¿Hasta qué punto este caso afectará la discusión de la reforma
migratoria que se encuentra ya en puerta en los Estados Unidos?
El caso es indudablemente un polvorín a punto de estallar, y me parece que
se dirimirá entre un sencillo dilema: Aplicar la lay, de igual manera que los
gringos la aplican a los mexicano que transgreden sus leyes en el vecino país;
o doblegarse, como siempre, ante las autoridades norteamericanas para no
entorpecer el debate de la reforma migratoria que sin duda beneficiaria a
muchos mexicanos que radican en aquella nación. El dilema es, pues, sencillo,
legalidad en toda la extensión de la palabra, o simplemente aplicar la máxima
de Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios y dejarlo regresar a
su país como si nada hubiera pasado.
