Quizá hace algunos años el tema del medio ambiente y la sustentabilidad no
eran de gran importancia ni ocupaban la atención como otro tipo de problemas
coyunturales. Sin embargo dadas las condiciones de depredación masiva del
hombre reflejada en el cambio climático y sus graves consecuencias, han puesto
a este tema en el lugar que siempre le ha correspondido: el de total atención.
Por ello cada día se vuelve más importante el cuidado del medio ambiente y
se exige que toda acción humana lleve impregnado el sello de la sustentabilidad
ambiental. Por ello resulta un gravísimo y pernicioso acto de negligencia y
atentado contra la sociedad en general el derrame de ácido sulfúrico en el
Estado de Sonora que ha contaminado el Rio que lleva el mismo nombre con 40.000
metros cúbicos de residuos de cobre. El agua se está convirtiendo en un recurso
que empieza a escasear y cuya sobreexplotación se ha vuelto un problema de
salud pública que afecta a comunidades
que comienzan a beber agua con arsénico debido a la sobreexplotación de los
mantos freáticos. Y en ese sentido, cualquier atentado contra este recurso debe
ser castigado con penas ejemplares y tratado como un delito contra la salud, de
jurisdicción federal.
Y el caso de Sonora no es el único que ha acontecido en los últimos días,
pues en Cadereyta, Nuevo León se ha derramado una buena cantidad de
hidrocarburo en el Río San Juan contaminando una parte considerable de este
caudal. De igual manera, en El Oro, Durango, el arroyo La Cruz ha sido
contaminado con más de dos mil metros cúbicos de peligroso cianuro vertido por
la mina Proyecto Magistral, con lo que se ha contaminado el Río Magistral.
Todos estos casos, sin excepción, obedecen a negligencia por parte de los
propietarios de dichos vertederos, independientemente de su estatus público o
privado, y no se trata de hechos aislados, se trata de atentados contra la
salud pública de miles de personas que dependen de dichos afluentes para el
consumo de agua y que se ven afectados tanto en su salud, como en sus negocios
y calidad de vida por empresas que no efectúan o llevan a cabo las medidas
necesarias de vigilancia, supervisión y mantenimiento a sus respectivas
instalaciones. Lo mínimo que se espera es que además de las sanciones
pecuniarias que se les apliquen, existan también sanciones de carácter penal
contra los responsables, llámense gerentes, propietarios o funcionarios cuya
falta de atención ha provocado desastres de proporciones aún por definir.
Esperemos que el gobierno federal tome en serio su papel y ejerza todo el
peso de la ley sobre esos responsables de delitos contra la salud. Pues de no
hacerlo se sentará el precedente para que más actos de negligencia se sigan
suscitando en perjuicio de todos los habitantes no solo de esos sectores, sino
del grueso de nuestra sociedad. Pues insisto, no se trata de hechos aislados,
se trata de un recurso que dentro de muy poco tiempo será el elemento más valioso
y el motivo de futuros y graves conflictos sociales.
