Una de las muchas diferencias entre grupos armados fuera del Estado de
derecho y grupos que operan al margen de la ley, es, precisamente, la
identificación plena y ostensible de los primeros, pues además de poseer la
legalidad y legitimidad en su proceder y de ser financiados por el propio
Estado, su desempeño lo realizan debidamente identificados y haciendo uso tanto
de mobiliario y equipo de igual manera representativo de la autoridad del
Estado en cualquiera de sus tres ámbitos de gobierno. Por el contrario, los
grupos armados al margen de la ley operan en la clandestinidad, en vehículos
anónimos, sin identificación, tal cual debe suceder. Sin embargo, el problema
es cuando el Estado pierde toda formalidad y se vuelve promotor de dichas
actitudes anti formales, y es que debido a la presencia en la región de los
cinco manantiales de elementos de seguridad del Estado de Coahuila, quienes
realizan labores de seguridad mientras se prepara a los nuevos agentes que se
ocuparán de la seguridad en la región, se han presentado múltiples quejas de
dichos elementos que están operando en vehículos sin identificación, sin
placas, sin número de unidas y que en repetidas ocasiones amedrentan a la
sociedad amparados en su poder de fuego y la autoridad que les confiere la
placa que portan en algún lugar muy recóndito de sus prendas.
En lo personal, son varios compañeros que han sido amedrentados por los
llamados GATES, que circulan en unidades sin número de identificación, lo cual
hace imposible que ciudadanos afectados por estos individuos que se supone
deben protegernos puedan interponer alguna queja ante la autoridad competente
en caso de abusos de autoridad por parte de estos malos elementos o de
cualquier otra corporación de seguridad estatal. Y no se trata de nimiedades o argumentos sin
sentido, pues la misión de toda corporación de seguridad pública es proteger y
servir a la comunidad, no abusar, amedrentar y servirse de la sociedad amparado
en el poder que trae consigo el uso de armamento y la autoridad intrínseca a la
placa de la corporación a la cual sirven. Y es que son varias corporaciones o
al menos así parece, las que hacen uso de vehículos completamente anónimos, sin
identificación, sin placas y operadas por individuos armados, pero sin
uniformes que definan su procedencia.
Entiendo que hay labores propias de seguridad pública que merecen
clandestinidad, encubrimiento y discreción, pero me pregunto qué discreción
pueden tener estas unidades que detiene constantemente a ciudadanos incautos y
que son amedrentados durante la detención por sujetos prepotentes que cortan
cartucho y utilizan lenguaje salvaje contra trabajadores, jóvenes y familias y
cuyos derechos son trasgredidos sin que se pueda emitir queja alguna ante el
anonimato de los elementos de seguridad. El Estado debe imponer su autoridad,
no me queda la menor duda, pero un Estado anónimo es un Estado infractor que no
desea hacerse responsable de las falencias que pudieran cometer sus heraldos de
seguridad, y eso, a los ciudadanos nos deja en plena indefensión haciendo que
nos preguntemos si no fue peor el remedio que la enfermedad.
