Desde luego que el vacío jurídico y la ausencia del Estado de Derecho son
una realidad en muchas regiones de nuestro país, el dilema de la legalidad y la
legitimidad cobra vida con sucesos como los que acontecen en estos momentos en
Estados como Michoacán.
Es bien sabido por propios y extraños que la ausencia del Estado es notoria
en dicha entidad, pues el crimen organizado campea a sus anchas y despotrica
contra la sociedad sin importarle los daños colaterales imponiendo su autoridad
y sus reglas ante la mirada permisiva de autoridades locales y estatales. Ante
tanta indefensión no debe resultar sorprendente la aparición de grupos armados
civiles que hartos de la situación buscan revertir el estatus pernicioso que
impera en estos momentos. Son aproximadamente 35 municipios y 70 comunidades en
la cuales los grupos de autodefensas han hecho acto de presencia y al parecer
intentan extender su presencia hasta purgar a la delincuencia organizada.
El dilema es que la actuación de las autodefensas está, al igual que la delincuencia,
al margen de la ley y es aquí en donde la legitimidad hace acto de presencia,
pues en muchos municipios son respaldados por el grueso de la población harta
de las bandas delictivas y su infecta presencia. No obstante, la pregunta obvia es si acaso
existe otra salida ante el vacío y la ineptitud de las autoridades en su misión
de mantener el orden y la paz social. Puesto que la historia misma nos ha
enseñado que las guerrillas que retan a los Estados una vez nacieron como
movimientos buscando justicia y legalidad, tal cual sucede con las
autodefensas, y tal cual sucedió en su momento con el ERPI, el EPR o el EZLN.
Que, guardadas todas las proporciones, surgieron como movimientos en defensa de
grupos sociales vulnerables, del mismo modo que sucede con las autodefensas en
estos momentos.
El Estado mexicano dejó crecer, por lo motivos que hayan sido, el problema
de la delincuencia a grado tal que ahora no es uno sino dos problemas que
enfrenta el Estado: Delincuencia organizada al margen de la ley con recursos económicos
disponibles, y, por otro lado, grupos armados civiles, también al margen de la
ley, pero con legitimidad y popularidad en algunos sectores. En el mejor de los
casos, si el gobierno derrotara o pactara con el narcotráfico tendría la tarea
de desarmar a las autodefensas, sin embargo, la historia nos enseña lo difícil que
se vuelve desarmar a grupos civiles que navegan con bandera de reivindicaciones
sociales y bienestar ciudadano. Ya no se trata de si son buenas, malas,
necesarias, legítimas; ilegales o cualquier adjetivo las llamadas autodefensas,
se trata del tremendo vacío que ha dejado el Estado y que ahora amenazan la
existencia del llamado contrato social, pues al grado de que poco o nada importan
las autoridades en estos momentos, sino el conflicto mismo, hemos llegado ya
sin lugar a dudas.
