Es cuestión de tiempo, no faltan muchos años para que nuestro país comience
a importar, además de gas y gasolina, petróleo crudo, pues PEMEX es cada vez
una empresa más ineficiente y al borde de la quiebra. Para ello el gobierno de
Peña Nieto se dispone a presentar una propuesta de reforma energética en la
cual se abra la posibilidad de inversión privada en la paraestatal. Situación que
en lo personal me parece saludable y hasta necesaria. No obstante, la intención
no resulta sencilla ni mucho menos popular, pues además de las fuerzas
políticas que sin duda ese opondrán a dicha apertura, el grueso de la sociedad
mexicana estigmatizada por muchos años en la falsa idea de la soberanía y de
que “PEMEX es de los mexicanos” no parece estar muy convencida, pues en la
reciente encuesta de GEA el 68% de los mexicanos encuestados está en contra de
la apertura de PEMEX a capital privado.
No obstante, la idea de la apertura nada tiene que ver con la
privatización, pues nada más en el tema referente a la exploración, PEMEX
carece de la tecnología necesaria para realizar exploraciones profundas y en su
caso extraer crudo pesado, toda vez que la exploración no significa que se
vayan a encontrar pozos con certeza, por lo que existen riesgos de pérdidas que
se disiparían si una empresa privada corriera con los riesgos y en caso de
encontrar yacimientos pudiese explotarlos con la respectiva carga fiscal que se
le impondría trayendo beneficios económicos a nuestro país. Además, hasta donde
recuerdo, sólo los líderes tanto sindicales como directivos de PEMEX son los
únicos que disponen de la riqueza petrolera, basta recordar tan solo el llamado
PEMEXGATE.
No hace falta ser un experto para entender que PEMEX es una empresa casi
quebrada, y gran parte de esa desgracia estriba en la dependencia que el
gobierno ha vuelto una rutina para poder existir, pues gran parte del gasto
público y del gasto corriente es cubierto con recursos de PEMEX, para ello la
Secretaria de Hacienda se encarga de sangrar a la petrolera con un abusivo y
salvaje impuesto que la despoja de aproximadamente el 55% de sus ventas, es
decir, más de 900 mil millones de pesos, a la vez de cargar la empresa con una
terrible sobre población de empleados que cualquier empresa privada con
criterios de eficiencia simplemente no toleraría. Quizá una reforma fiscal que
alivianara la carga impositiva hacia PEMEX sería una posible solución, no
obstante, hablar de más impuestos en este país es anatema. Debido a ello no
queda otro camino que la coinversión de capital privado en los intestinos de la
paraestatal, lo cual, insisto, es muy saludable y en nuestro caso urgente.
De ninguna manera la apertura socavará nuestra soberanía, al contrario, nos
redituará con más recursos para el beneficio directo de más mexicanos. Es cuestión tan solo de cambiar de
mentalidad. Ese es el verdadero reto.
