Siempre he sido un convencido de la necesidad del imperio de la Ley, de la
necesidad de la instauración del Estado de Derecho. En virtud de ello estoy en
total acuerdo en que se aplique la ley de manera genérica y con todo el rigor
posible, desde una simple infracción por una falta administrativa, hasta una
pena pecuniaria y punitiva cuando se trata de un delito grave.
El detalle es que la ley debe ser aplicada en el marco de regulaciones
normativas claras, objetivas y estipuladas conforme a derecho. Por ello no me
parecen claras las detenciones que realiza la honorable policía de Allende,
Coahuila, a los automovilistas que detienen por conducir con aliento alcohólico, pues para que la
infracción proceda, debe hacerse uso del alcoholímetro para medir el grado de
intoxicación, pues no es lo mismo ingerir una copa luego de la cena que varias
botellas en cualquier juerga. El problema es que en la comandancia de dicha
corporación, se encuentra una lona desplegada enlistando las infracciones y su
respectivo costo, y en ella, cuando se hace referencia al alcohol, se menciona
nada más el estado de embriaguez, el cual dista mucho del aliento alcohólico.
Por ello, para empezar, la remisión del conductor con aliento en mención
resulta a todas luces ilegal, pues no solo se está conculcando el mismo
reglamento que cuelga en la comandancia, sino que también se están violando las
garantías individuales al interrumpir la libertad de tránsito equiparando dicha
acción a un secuestro exprés. Es decir, dicho cuerpo policiaco no solo no
aplica su reglamento, sino que secuestra ciudadanos que pueden demandar a la
corporación con toda la causa a su favor.
Otro detalle, sería saber si todas las infracciones contenidas en la lona
se encuentran aprobadas por el cabildo de dicho municipio, caso contrario,
dicho reglamento sería ilegal y en consecuencia, todas las multas equivaldrían
a asalto a automovilistas. Es decir, sin fundamento legal derivado de acuerdo
de cabildo, la lista de infracciones de la corporación y las detenciones
derivadas del incumplimiento del mismo equivaldrías a asalto y secuestro de
ciudadanos conductores. Por lo que se debería regresar todo el dinero incautado
a los automovilistas. No obstante, lo que si queda claro y conculcado, es, sin
duda, la disposición relativa a la embriaguez, pues para aplicar la infracción
respectiva se deberá contar en ese momento con alcoholímetro para evitar
cometer un acto de secuestro.
Definitivamente, la ley no puede aplicarse de manera intuitiva, debe ser específica,
objetiva, clara y precisa, pues las lagunas jurídicas sólo denotan falta de
profesionalismo y compromiso social. Así mismo, todo orden jurídico debe estar
amparado bajo la autorización de un cuerpo edilicio facultado para aprobar
dichas disposiciones, caso contrario, tan sólo se está jugando a la simulación
en una dependencia que se encarga nada más y nada menos que aplicar la ley. Irónica
situación.
