Una de las características clásicas de nuestro sistema legal mexicano está
ligada inexorablemente a conceptos tan peyorativos como lo son: diletancia,
simulación, vacuidad, deficiencia, etc., etc. Y es que la mayor parte de las
leyes en México son de carácter ornamental y la mayoría de los casos se
confeccionan con la simple intención de cumplir con formalidades y exigencias
para acceder a reconocimientos o recursos.
Tal es el caso de las leyes de participación ciudadana, pues nada más para
empezar, en el Estado de Coahuila, se confeccionó desde el gobierno de Enrique
Martínez la llamada Ley de Participación Ciudadana; la cual contempla figuras
jurídicas relativas a la inclusión
ciudadana en las cuestiones gubernamentales.
Iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito son dispositivos que se
mencionan en dicha ley, así como los llamados consejos ciudadanos de
participación. Dicha ley siempre fue letra muerta hasta el gobierno que
actualmente encabeza Rubén Moreira, pues si bien cierto el gobernador ha
exigido a los municipios poner en marcha los consejos ciudadanos, éstos se han
conformado ya, pero nada más en la teoría, pues en la práctica no han
funcionado. Tal es el caso del municipio de Allende, Coahuila, que recién
conformo el órgano de participación ciudadana, de la cual me honraron con la
presidencia, no obstante, la simulación y el cumplimiento de formalidades han
sido el único objetivo de éste órgano cívico recién conformado.
No se ha citado para ninguna reunión, el acta de conformación sólo se
elaboró para cumplir con requisitos del gobierno estatal, y de paso el mismo
gobierno del Estado no revisa que se cumpla realmente lo estipulado en la ley
de participación ciudadana. El objetivo de los consejos de participación ciudadana
es sencillo: Se reúnen los ciudadanos para darle el visto bueno a la ley de
ingresos y egresos de los municipios, evalúan el desempeño del cabildo, dan el
visto bueno o rechazo a las iniciativas que en ese recinto se intentan aprobar,
se evalúa el trabajo de cada dependencia municipal, se da un seguimiento
puntual a los recursos que ingresan y que egresan en el ayuntamiento, se
presentan iniciativas para que el cabildo las analice y en su caso las someta a
votación, es decir, se co-gobierna, pero sin sueldo.
Quizá tanto involucramiento ciudadano pudiera afectar intereses o malos
manejos, por ello la reticencia a ponerlos realmente en marcha, por ello el
IEPC no asume realmente su papel de garante de dicha ley, pues es mas cómodo
organizar elecciones y punto y con ello afirmar que en Coahuila la
participación ciudadana es digna de presunción.
Hace falta dejar de lado la simulación y echar a andar los mecanismos de
inclusión ciudadana para que la gobernanza sea ya una realidad. Hace falta que
el IEPC y gobierno estatal se pongan a trabajar y obliguen a los municipios a
entrar en la modernidad, pues todas las sociedades desarrolladas tienen este
mote precisamente por haberse tomado en serio los preceptos de la participación
ciudadana.
