Alarmante, preocupante y hasta temible resulta ser cuando el Estado es
rebasado por movimientos ciudadanos, bandas justicieras o cualquier agrupación
que transgreda el llamado Estado de derecho bajo cualquier circunstancia por el
hecho de aducir ineficiencia gubernamental de cualquier índole.
Y es que resulta intolerable y absurdo que el gobierno de Ángel Aguirre
Rivero en el Estado de Guerrero haya firmado un acuerdo para iniciar un
procedimiento de “reconocimiento” y “regulación” de los grupos ciudadanos
rebeldes denominados autodefensas, quienes irrumpieron y han tomado justicia
por su propia mano ante la inseguridad que el Estado mexicano no ha podido
controlar.
Es decir, busca otorgarles identidad jurídica a estas autodefensas para que
sus actos ya no se encuentren al margen de la ley, sino en comparsa de la
misma. Idea que en lo personal me parece absurda, pues si esa es la forma de
solucionar problemas, hace mucho que el gobierno federal debió haber legalizado
al EZLN, al ERPI, al EPR, etc., etc., como extensiones de nuestras fuerzas
armadas para evitar que sus actos maniobraran fuera de los cauces legales.
Ahora resulta que a estos grupos de rebeldes se les capacitará en derechos
humanos y estrategias de protección, lo cual raya en la ridiculez, pues si las
corporaciones policiacas con años de experiencia y capacitación no son capaces
de ofrecer dichas prerrogativas a los ciudadanos que supuestamente cuidan, no
sé qué podemos esperar de corporaciones policiacas ciudadanas improvisadas.
Sorprende el grado de estulticia de nuestra clase gobernante y las medidas
simplonas con las que intentan resolver los problemas, pues en virtud de no
poder controlar los movimientos sociales belicosos ahora se optará por
legalizarlos. Soy un convencido y fiero
defensor de la participación ciudadana, no obstante, la misma debe ser siempre
encauzada en normas y preceptos constitucionales bien definidos y claros,
estribados en un andamiaje legal completo y sólido que permita que dicha
participación sea efectiva, no obstante, la idea de ciudadanizar la violencia y
la justicia me parece sumamente riesgoso para el resto de la sociedad y un mal
ejemplo para el resto del país, pues no tardarán en aparecer más grupos de
autodefensas exigiendo su legalización para de esa manera regularizar sus actos
ignominiosos.
Si lo que se busca es un sistema de justicia comunitaria, nada más hay que
voltear a naciones como Singapur y observar detenidamente el modelo de policía
comunitario y entender porque ese país tiene la policía más segura del mundo.
De lo contrario, legalizar la ilegalidad, es tratar de apagar fuego con
gasolina.
