Apenas a unos días de haber recibido
un premio por la transparencia derivada del programa “Monitor de Cabildo”, el
ayuntamiento de Torreón se encuentra en un escándalo producto de una supuesta
filtración de información por parte de la síndica Natalia Virgíl.
Pues la bancada de regidores
priístas la acusan de haber entregado información reservada de las cuentas
bancarias de la tesorería municipal para la consecución de un litigio entre ex
trabajadores del ayuntamiento en mención. Y exigen juicio político contra la
susodicha.
Pero la síndica se defiende
aduciendo que el manejo de recursos públicos debe ser información pública
disponible para cualquier ciudadano interesado. Y realmente la síndica tiene
toda la razón.
Tratándose de recursos
económicos, no debe existir información ni reservada, ni clasificada, puesto
que se trata de recursos provenientes de los contribuyentes. No dinero que
algunas autoridades consideran como propio y que están acostumbrados a
apropiarse de espacios públicos.
Ciertamente la ley de acceso a
la información en Coahuila presenta la posibilidad de reservar información,
pero esta no debe reservarse a menos que medien causas que pudieran amenazar o
interferir con el buen funcionamiento de un órgano o ámbito de gobierno. Y
claramente no es el caso cuando se trata de conocer las cuentas que posee el
municipio. Pues una buena manera de “monitorear” el uso apropiado de los
recursos públicos, es saber cuánto hay y en qué se gasta. La fórmula es
sencilla.
De ahí que contrario al orgullo
de recibir un premio por la transparencia, debe volverse un acto vergonzoso y
que atenta contra el interés público la intención de los regidores priístas de
mantener en la opacidad los ingresos del municipio.
Por ello el juicio político me
parece improcedente y falto de sensatez, pues debería ser al revés, el juicio
político debería aplicarse a quienes niegan sistemáticamente información
pública.
Entiendo que información
reservada o confidencial pudiera ser conocer las estrategias tácticas de la
policía municipal para enfrentar a la delincuencia, pero reservar información
de la cuenta pública es ir en contra de garantías individuales como lo es el
acceso a la información. La transparencia no funciona a medias.
