COLUDIDOS
No sé si realmente exista alguien sorprendido o al menos extrañado por el reciente
caso de destape de colusión entre militares y crimen organizado representado
por el que hasta hace no mucho fue el segundo al mando de la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) y a juzgar por un reciente mitin político-electoral,
pudo incluso haber llegado a la titularidad de la SEDENA. Me refiero al general
de división retirado Tomás Ángeles Dauahare.
Al parecer, dicho ex general y otros militares retirados y en activo han
sido señalados como colaboradores del cartel de los Beltrán Leyva. No me
parece, sin embargo, algo que tome desprevenido al gobierno federal y a toda su
campaña librada contra el crimen organizado y respaldada en la efectividad de
las fuerzas armadas. Quizá es en ese aspecto, el de la legitimidad y la solvencia
moral, en donde le duele en estos momentos al presidente Felipe Calderón. No
tanto así en lo respectivo a la pulcritud del ejército.
Ya había varias pistas que dejaban sospechar de las malas prácticas de las
fuerzas armadas. La que me parece más contundente fue la necesidad de permitir
el ingreso de la SEMAR a través de la infantería de marina para dar golpes
contundentes a los cárteles de la droga mientras que sospechosamente la SEDENA
no ofrecía resultados contundentes como los que en principio presentó la
Marina. Es preciso recordar que fueron ciertamente los marinos quienes dieron
muerte al “Barbas” Beltrán Leyva, supuesto socio de altos mandos de la SEDENA.
Y tratándose de este tipo de denuncias también es propio señalar que
igualmente el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP),
Genaro García Luna, ha sido también señalado de colusión con el cártel del
golfo. Por ello no me parece sorprendente el caso del ex general Dauahre.
Lo que sí me parece grave, es que se sigan señalando culpables a través de
los llamados “testigos protegidos”, pues basta con aducir una denuncia de estos
desconocidos y opacos elementos señaladores para que el gobierno
inmediatamente, sin pruebas contundentes, arraigue inmediatamente al acusado
sin elementos de culpabilidad fehacientes salvo el puro “dedazo” o “pitazo” de
ese supuesto protegido. Ello demuestra la falta de investigación en materia
criminal por parte del Estado para poder integrar expedientes contundentes de
culpabilidad. Y de paso la ineptitud del gobierno para poder establecer
certeros controles de confianza entre sus mandos encargados de velar por la
seguridad de todos los ciudadanos. Esa es la verdadera tragedia en este recién
destape de colusión que no tardará, en el contexto electoral que atravesamos,
en ser ampliamente politizado.
