En vísperas ya del inicio de las campañas políticas por la presidencia de la República, diputaciones y senadurías, el Instituto Federal Electoral (IFE) a través de su órgano directivo, el consejo general, ha aprobado el llamado “Blindaje electoral” contra el crimen organizado; esto ante la justa electoral que se avecina.
Ello supone que el IFE ha aprobado puntos de acuerdo para evitar que el narcotráfico –principalmente – penetre dentro de las campañas políticas comprando candidatos, plataformas políticas, o coaccionando el voto con su poder económico.
Para ello el IFE aprobó una serie de acciones tendientes a evitar dicha invasión criminal en el proceso electoral, sin embargo, dichas acciones parecen ser demasiado timoratas o de poco alcance a la hora de enfrentar dicho flagelo.
Para empezar, el IFE “obliga” a los partidos a evitar realizar apologías del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la violencia. Eso quiere decir que todos los candidatos en contienda tienen estrictamente prohibido hablar de la narco-guerra y sus 50 mil muertos, al parecer buena noticia para el PAN. No obstante, esto no tiene absolutamente nada que ver con blindaje electoral; cabe mencionar, que la médula principal de la probable intervención del crimen en las campañas está directamente relacionada con el origen político de los candidatos, sus antecedentes penales, sus relaciones personales, y toda una serie de cuestiones que deben ser ampliamente investigadas por la autoridad electoral para evitar la infiltración del crimen en dichas campañas.
Otra de las falencias de dicho blindaje es que el mismo no contempló aspectos tan importantes tales como: la prueba del polígrafo, antidoping y exámenes psicológicos. Ya que según el consejero presidente, Leonardo Valdés, la responsabilidad de seleccionar candidatos pulcros recae exclusivamente en los propios Partidos Políticos., pues según el mismo consejero, el IFE no puede asumir labores de ministerio público, ya que su función es, exclusivamente, organizar elecciones.
El problema es que la supuesta institucionalidad del IFE y el apego estricto a la función de organizar deja que los partidos escojan sin ningún problema a sus candidatos independientemente de sus nexos con el crimen organizado, el caso más evidente fue la pasada elección en Michoacán en donde los señalamientos sobre fuertes nexos entre el actual gobernador y el narcotráfico siguen siendo tema de actualidad.
Resulta iluso por parte del IFE el pensar que los Partidos Políticos realizarán los peritajes e investigaciones correspondientes para escoger a candidatos libres de todo mal, pues aunque sea un tema delicado, no existe autoridad competente que regule dicha situación si no es el propio IFE. La FEPADE se encarga de delitos electorales ajenos a estos temas, en todo caso la PGR tendría competencia siempre y cuando existieran acusaciones serias y fundamentadas y no cometer errores como el michoacanazo. De ahí que la misma investigación de los perfiles de los contendientes pasa inevitablemente por el espacio de la llamada organización electoral. El detalle, entonces, es la vuelta de180 grados que el IFE le está dando a tan importante y delicado tema.
El IFE debe, pues, reglamentar un procedimiento de investigación de aspirantes a cargos de elección popular con la misma determinación que prohibió la venta de publicidad electoral a particulares y la prohibición de las campañas negativas. De otro modo, los partidos políticos no se tomarán la molestia ni por asomo de escanear la pulcritud de sus candidatos. Pues no se sabe que tan espinados podrían salir algunos de ellos.
