¿Cómo puede la gobernabilidad y la eficiencia de la gestión pública hacerse presente si el cabildo de Torreón parece más una agencia de colocación o trampolín político que un recinto donde se deliberan y se toman decisiones que se supone deben beneficiar a la sociedad en general?
Y es que el cabildo de Torreón ha funcionado casi a marchas forzadas, puesto que sus integrantes parece ser están pensando exclusivamente en puestos de más alto nivel que en ocuparse de sus labores para las cuales fueron designados. Todo esto a pesar del monitor que se supone escanea el desempeño de dichos funcionarios.
Los datos o más bien ejemplos resultan alarmantes y ofensivos: para empezar, la recientemente escandalosa primera regiduría ha cambiado de titular nada más y nada menos que tres veces en tan sólo dos años, pues sus dos anteriores titulares despachan ahora como diputado y como director del ICOJUVE respectivamente.
De igual manera Lucrecia la “quecha” Martínez salió casi al inicio de sus funciones; pero también los panistas no se quedan atrás, pues la principal piedrita en el zapato de los priístas, Rodolfo Walss, pidió licencia al igual que Marcelo Torres.
Estos movimientos, que algunos los justifican como decisiones personales, no tienen razón de ser en la medida en que las cuestiones llamadas con esa categoría no deben de mezclarse con los asuntos laborales, mucho menos si de cargos públicos se trata, pero tenemos una ley electoral sumamente laxa que no contempla la existencia de candados que impidan que estos funcionarios que ocupan cargos “vitales” para la administración pública abandonen sus cargos de la manera más descarada en la búsqueda de puestos con más poder, influencia y remuneración.
Si bien es cierto, han habido intentos de introducir este tipo de candados en las reformas que se le han hecho a la ley electoral, pero los mismos han fracasado, puesto que la misma clase política ni de broma atentaría contra ese tipo de privilegios de los que ellos mismos esperan beneficiarse algún día.
Y todo esto en clara burla hacia la sociedad que es quien mantiene, finalmente, a dichos funcionarios y en quienes si bien no confía, al menos espera resultados de dichos ediles, pero los resultados son tan deficientes y están signados por el llamado “chapulismo” o las desbandadas que benefician a dichos funcionarios, pero que va en detrimento del pueblo en general. Pero quizá, lo más grave, es la pasividad y permisividad de los ciudadanos que no sólo no critican, sino que siguen votando y auspiciando dichas acciones que van en contra de la gobernabilidad, la ética y el pragmatismo político.
