Bastante escandalosa e insultante resulto la batahola provocada por el tema de los megasueldos que se pagan los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC); esto debido a lo inmerecido que resulta dicho estipendio, sobre todo en momentos no electorales en nuestra entidad; sin embargo, no resulta menos ominosa la existencia de otros institutos dentro de nuestra misma entidad en cuyo seno desempeñan labores funcionarios con sueldos muy similares y con cargas de trabajo extremadamente ligeras y cuyo pragmatismo social está en verdadera tela de juicio.
Tal es el caso del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), cuyos integrantes del consejo general devengan cada uno de ellos la nada ínfima cantidad de 73,312.56 pesos mensuales. O en otras palabras 36,656.28 pesos quincenales. Dicho estipendio deriva de su trabajo en “pro de la transparencia y rendición de cuentas” en nuestra entidad. Sin embargo, dicho trabajo es sumamente cuestionable, pues para empezar, la misma ley de acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de Coahuila resulta demasiado laxa y proteccionista de autoridades que violan garantías constitucionales al negar periódicamente información pública.
Tal es el caso personal en que el municipio de Morelos, Coahuila, me negó información, agoté el recurso de revisión, gané la controversia y no sucedió absolutamente nada después, no hubo ni siquiera una llamada de atención a los funcionarios de dicho municipio por su negativa de información. Y a pesar de que los consejeros supuestamente revisan cada recurso de revisión, ninguno hizo nada al respecto para llevar hasta sus últimas consecuencias dichas felonías cortesía del ayuntamiento de Morelos. Por ello cuestiono el pragmatismo del Instituto y de sus consejeros; por ello me parece también insultante el salario que devengan los consejeros de la rendición de cuentas en nuestra entidad. Y resulta también una burla que justifiquen su existencia firmando convenios insustanciales y vacuos con empresas e instituciones educativas y que implementen sus kioscos de la transparencia cuando la labor de los consejeros sería primordialmente gestionar una reforma educativa para incluir la transparencia y rendición de cuentas en los programas educativos de las escuelas en nuestra entidad tal cual lo mandata la propia ley de transparencia coahuilense.
Y, volviendo a la parte remunerativa, resulta todavía más aberrante que dicho contexto se dé en momentos en que Coahuila enfrenta una monstruosa deuda pública en cuyo escenario todos los actores gubernamentales o dependientes de dinero público debieran ajustarse el cinturón para contribuir al saneamiento del fisco coahuilense. Pero no es así; ni siquiera el saber que el próximo aumento al salario mínimo será de menos del 5% les provoca algo de vergüenza o al menos cierto sentimiento de solidaridad con las clases bajas a dichos integrantes concejales.
Insisto con lo mismo, si nuestros recién electos diputados tienen de verdad las ganas de hacer algo por el pueblo, deben empezar por modificar los excesos de los elefantes blancos que existen en nuestra entidad, quizá empezando por ellos mismos. Lo que sin duda debe empezar a realizarse, puesto que los megasueldos no se justifican en ninguno de ambos casos (IEPEC, ICAI) ya que la eficiencia y el pragmatismo social no asoman con mucha frecuencia en dichos organismos, además del malestar social que genera el pago de estos megasueldos sin que la sensación de la meritocracia se haga presente.
