Como novela de entera ficción; parece existir un acuerdo maligno entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Procuraduría Agraria (P.A); ambas de carácter federal, pero con actuación muy particular en Coahuila y más precisamente en San Pedro de las Colonias; para despojar a campesinos de sus tierras sin pagarles conforme a derecho.
Y es que la construcción de la carretera San Pedro-Cuatrocienegas se está volviendo algo más que una obra que denote modernidad; puesto que su construcción afecta predios de campesinos que dependen enteramente de esas tierras y que resultarán afectados.
La construcción empezó; pero hubo campesinos que no cedieron ni un ápice hasta no ver por escrito algún documento que les diera certidumbre sobre una posible indemnización; algo más allá de los avalúos que por ley debe hacer el INDAABIN; pues los terrenos que se piensan invadir tienen construcciones, arboles frutales y algunos otros aditamentos que hasta la fecha no han sido valuados.
Las irregularidades que presenta la SCT son varias; la primera, es que la Secretaría alega un derecho de vía de 20 metros hacia ambos lados de la actual carretera; sin embargo, no han presentado hasta la fecha los documentos probatorios; quien se supone los iba a mostrar era la Procuraduría Agraria representada en estos lares y para este caso por Andrés Gómez Valle; quien por cierto mostró su lado profesional al no presentarse a una junta para levantar un acta entre los campesinos y el representante de la SCT, Vicente Rosales, el día 31 de Octubre del presente. En dicha acta se iban a plasmar una serie de peticiones de los campesinos hacia la SCT para avanzar en las negociaciones; pero el señor Andrés Gómez como todo buen diletante ni siquiera contestó su teléfono celular. Probablemente se haya puesto de acuerdo con alguna persona de la SCT para que no hubiera ninguna exigencia y la carretera se siga construyendo sin la menor cortapisa. Y es que la SCT pide negociaciones con los campesinos, pero sin detener la obra; seguramente para cuando se dignen a atender a los campesinos la obra estará ya terminada y no habrá a quien reclamarle absolutamente nada.
Cabe mencionar, que la misma construcción es a todas luces ilegal; puesto que la ley agraria es precisa al señalar en su artículo 94 que cualquier expropiación debe tramitarse ante la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) y por decreto; mismo que debe señalar: causa de utilidad pública, los bienes a expropiarse y la indemnización correspondiente; y luego dicho decreto debe publicarse en el diario oficial de la federación y notificarse al ejido. Sin embargo, hasta la fecha este procedimiento ni siquiera ha comenzado, pero, curiosamente, ya la SCT ha prometido que a mas tardar el día 22 de Noviembre estarán pagados los terrenos que se invadirán con la nueva vía de comunicación. ¿Y entonces para que sirve el procedimiento legal?
Ahora resulta entonces que la SCT es conculcadora de las leyes en este país.
Asimismo, el artículo 95 de la misma ley prohíbe la ocupación previa a menos que los afectados lo aprueben; cosa que nunca sucedió y la carretera ya lleva un considerable avance.
Finalmente, la SCT en voz en su heraldo Vicente Rosales argumentan que todo es en nombre de la utilidad publica; solo le recuerdo al ilustre que también de utilidad pública era el aeropuerto que la misma SCT pensaba construir en Atenco y que los campesinos organizados no lo permitieron.
Ante tan infames actos de los coludidos SCT y PA no queda más recurso que el Amparo Legal; dicha ley contiene un apartado especial en materia agraria a partir del artículo 212. Ante la indiferencia y el abuso gubernamental no queda más que hacer uso del amparo.
