No se si fue coincidencia o destino; pero sin duda alguna y de manera fortuita se presentaron casi al unísono; por un lado una seria acusación ante la corte penal internacional en la Haya contra el presidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico; mientras que por otra parte la prestigiada ONG Human Rights Watch publicó una investigación titulada: “Ni seguridad ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México”.
La relación entre ambos sucesos tiene una esencia en común: crímenes y abusos cometidos por las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.
Llamados eufemísticamente daños colaterales, los civiles que han sufrido abuso o han sido asesinados por el ejército o la marina suman una cantidad considerable y ponen en tela de juicio el pragmatismo de la decisión de haberlos convocado a luchar contra el narcotráfico. Pero, sinceramente, ¿había otra alternativa? ¿Alguna otra agencia de seguridad pública tenía la capacidad de fuego para enfrentar al narco? Me parece que no; también soy un convencido de que las fuerzas armadas eran las únicas capaces de enfrentar tal desafío; por ello la decisión del presidente Calderón fue la más acertada. El problema, fue que no se preparó con tiempo y calma una estrategia que con parámetros serios y confiables midiera resultados en función de eficiencia; además de que el marco jurídico actual no contempla la jurisdicción civil sobre la milicia en temas de violación de derechos humanos y aplicación de acciones punitivas. Para que esto se regulara era necesaria una reforma constitucional, pero tampoco había tiempo para ello.
Sin embargo, ante la estrategia lanzada de manera precipitada, era lógico que se afinaran detalles de la misma mientras ésta se desarrollaba, pero el gobierno de Calderón siempre se ha negado a afinarla, hizo caso omiso de organismos internacionales de derechos humanos que recomendaban trasladar la justicia militar al ámbito civil.
Por ello hoy y con justa razón se ha presentado dicha demanda firmada por 18.000 ciudadanos.
Y no es para menos, los casos fuertemente documentados en el trabajo de investigación de HRW señalan al menos 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales. Y esto sin contar las más de 5000 denuncias ante la CNDH contra militares desde que fueron desplegados a las calles; y de estas cinco mil, tan solo 79 han derivado en simples recomendaciones que por cierto las mismas fuerzas armadas rechazan públicamente.
Definitivamente, la estrategia del presidente para enfrentar al crimen organizado es la correcta, es decir, la forma es idónea, el detalle es el fondo de la misma; su lucha sería perfecta y contaría con el apoyo de gran parte de la sociedad si hiciera caso a las recomendaciones que pretenden que cada abuso de la milicia sea juzgado por un tribunal civil.
Porque resulta inaceptable que como ciudadanos ya no solo le temamos a la delincuencia organizada, sino también temblemos cada vez que nos topamos un reten militar, un convoy de marinos o un despliegue de fuerzas federales, en lugar de sentir seguridad con dichas acciones.
