La libertad de expresión en nuestro país es una de esas prerrogativas que constantemente son vulneradas en nuestro país; la represión hacia la libertad de expresión proviene tanto del gobierno como de grupos al margen de la ley que buscan restringir el derecho de la ciudadanía de estar informada y la labor social de los periodistas de informar.
Basta tan sólo recordar el reciente caso de la periodista Carmen Aristegui, quien fue cesada temporalmente de su programa por exigir al presidente Calderón dar una explicación a las acusaciones interpuestas del legislador Fernández Noroña de supuesta adicción al alcohol por parte del primer mandatario.
La otra represión proviene generalmente de grupos delictivos que buscan acallar a los medios de comunicación para que no publiquen notas referentes al crimen organizado.
Pues bien, estos actos represivos (pues el término censura resulta eufemístico frente a estos actos ignominiosos) no han logrado frenar el último reducto de prensa libre y que permite la difusión de información que de otra manera sería impensable publicar o si quiera mencionar.
Me refiero a los espacios relativos a la red o mejor conocido como ciberespacio.
Espacios como Facebook, Twitter, Youtube y algunas páginas clandestinas que existen en la Web hacen referencia a actos que algunos gobiernos buscan solapar o esconder, pero que gracias a estos medios de comunicación dicha información fluye sin cortapisas.
Sin embargo, para María de Jesús Bravo Pagola y para Gilberto Martínez Vera, usarios de Twitter en el Estado de Veracruz, éste último reducto de libertad de expresión no les sirvió de mucho, pues fueron encarcelados por el gobierno de ese Estado, acusados de terrorismo y sabotaje al difundir información sobre ataques armados y secuestros por parte del crimen organizado; y aunque fueron liberados, dicho atentado busca ya formalizarse en una legalización que busca criminalizar el uso de las redes sociales cuando se trate de información relacionada con la delincuencia organizada.
Este intento de legislación no hace más que lesionar nuestro ya endeble sistema de garantías individuales y de laxo sistema de libertad de expresión. Encarcelar a dos personas por el hecho de hacer uso de un mecanismo que permite el intercambio de información entre particulares y que no es considerado un medio de comunicación de interés público es entrometerse en la vida privada de las personas; y ello sólo sucede en países represivos como China en donde el uso de redes sociales esta prohibido o en el mejor de los casos acotado.
Este intento de represión (condenado ya por la propia ONU) deja muy mal parado al gobierno de Veracruz y lo que es peor; deja en muy mal estado también a nuestra entidad; puesto que el legislador Fernando de las Fuentes, quizá en un afán protagónico, hizo suya la intención jarocha y busca proponerla en nuestra entidad para volverla represiva de la libertad de expresión.
Quizá el señor de las Fuentes no entienda el alcance pernicioso de este tipo de iniciativas o lo hace sólo por el hecho de mostrar algo de trabajo legislativo dada la abulia del actual congreso.
Este atentado nos recuerda que tan lejos estamos de vivir en una auténtica democracia con su Estado de derecho y lo cerca que estamos de la intolerancia, la represión y la opacidad que algunos buscan preservar.
