Violar la ley y sus disposiciones más generales es cosa de todos los días en nuestro país; la conculcación del Estado de Derecho ocurre desde pasarse el semáforo en rojo hasta colgarse de la luz o instalar un “diablito” para ahorrar energía.
Y aunque dichas acciones generalmente conllevan un castigo, la mayoría de las mismas son permitidas por las autoridades a través del llamado soborno o “mordida”.
No obstante, la transgresión del Estado de Derecho más ominosa y perniciosa resulta ser aquella que no sólo es permitida, sino patrocinada y auspiciada por el propio Estado.
Para muestra dos ejemplos; sin embargo, es sobre uno en particular acerca del cual quiero hacer especial mención.
PROCAMPO y ONAPPAFA tienen en común dos aspectos; el primero es que nacieron como instrumentos que tenían por objetivo el beneficiar a los campesinos de nuestro país mediante apoyo económico y de transporte respectivamente; y el segundo; es que hasta la fecha quienes menos han utilizado dichos instrumentos son los campesinos, y en su lugar se han viciado, desvirtuado y son utilizados por personas totalmente ajenas al mundo del agro.
PROCAMPO, en la reciente investigación del Dr. Mauricio Merino del CIDE; ha sido utilizado por políticos latifundistas, neo-hacendados y narcotraficantes; mientras que ONAPPAFA es ya un instrumento populista y una aberración al Estado de Derecho.
Resulta que en mi reciente visita a San Pedro de las Colonias, fue imposible que pasaran desapercibidas las cantidades exageradas de automóviles con engomados de ONAPPAFA; todos estos evasores de impuestos poseen carros norteamericanos (en algunos casos lujosos) y que no pagan un solo peso de impuestos tal cual deberían de hacerlo; resulta una ofensa que estos tipos por el sólo hecho de simpatizar con el PRI o sumarse a dicho partido queden exentos de pagar sus obligaciones fiscales derivadas del uso de automóviles.
En lo personal, poseo dos vehículos, uno de ellos de reciente modelo y a pesar de que supuestamente iba a pagar un peso de tenencia, son miles de pesos los que debo pagar por ambos vehículos; mientras que los onappafos no pagan absolutamente nada por poseer dichos vehículos.
Y todo ello sucede bajo el auspicio de las autoridades tanto municipales como estatales y federales.
La existencia de programas como ONAPPAFA sólo contribuyen a la evasión de impuestos, coadyuvan al déficit de recaudación fiscal del Estado que tanta falta le hace dicha recaudación para pagar la deuda actual; y, principalmente, a generar prácticas populistas que se supone habíamos dejado atrás, además de auspiciar desde la propia autoridad la cultura de la ilegalidad.
Definitivamente, existen programas que inevitablemente deben desaparecer, pues no hacen más que lesionar nuestro endeble Estado de Derecho y generar incertidumbre jurídica.
Y ONAPPAFA es un claro ejemplo de la ilegalidad proveniente desde el mismo Estado.
Sin embargo, no es algo que los legisladores no puedan eliminar poniéndose de acuerdo y pensando en el bienestar de las mayorías; porque una realidad, es que la mayoría de las personas no cuentan con vehículo propio y ONAPPAFA beneficia exclusivamente a un segmento de la sociedad.
